El Gobierno exigirá en Bruselas que se cambie el mecanismo de la Euroorden

El ministerio de Justicia encuentra razones de sobra para instar a la Unión Europea a que revise el mecanismo de la Euroorden.

Ya lo intentó hace unos meses, cuando el ministro, Rafael Catalá, en el marco de una reunión de titulares europeos del ramo, reclamó a los socios una «reflexión» para  ampliar la lista de 32 delitos graves que permiten la extradición automática del requerido.

Entonces, la propuesta fue rechazada por la Comisión, que vio «innecesario» cambiar el funcionamiento de esa lista, aunque la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, sí admitió que existen «problemas de naturaleza procesal, reflejados en sentencias del Tribunal de Luxemburgo».

El ministerio de Justicia español ve necesario hacer cambios para mejorar su eficacia, y evitar discrepancias tan sonoras como la decisión alemana sobre el caso Puigdemont. Por eso insistirá y lo planteará en próximas reuniones, aunque de forma discreta. 

La Comisión cuenta con un manual sobre cómo emitir y ejecutar este mecanismo con recomendaciones importantes a las autoridades judiciales. Pero a lo largo de su existencia-se creó hace trece años-ha suscitado las críticas no solo de España. Varios han sido los países que han presentado, la mayor parte de las veces en encuentros  internas-sus dudas sobre el funcionamiento, la eficacia o, más allá, la adecuación a los principios de «lealtad» y «cooperación» que rigen las relaciones comunitarias.

El ministro de Justicia de Estonia, Urmas Reinsalu, recordó recientemente que «en ocasiones ha suscitado peticiones de revisión sobre si sigue actual o si ha envejecido» aunque, finalmente, la respuesta «ha sido siempre que no debemos modificar en absoluto esa decisión».

«Sensibilidad jurídica»

En fuentes del departamento manifiestan su incredulidad no solo porque el tribunal de Schleswig-Holstein descarte la entrega por rebelión de Carles Puigdemont, sino porque el juez se haya extralimitado en sus funciones, entrando a valorar el fondo del asunto.

La Audiencia Provincial de este distrito, en el norte del país, consideró que no puede equipararse el delito de rebelión que el juez Pablo Llarena imputa al líder independentista con el de ‘alta traición’, que contempla el Código Penal alemán. Lal razón, según el juez, porque los artículos 81 y 82 del código penal alemán exigen que para que haya alta traición también tiene que haber violencia o amenaza de violencia. Y, como señaló en el auto, «lo que se requiere es que la violencia imponga tal presión en un órgano constitucional que la voluntad de este se doblegue y ese no es el caso aquí». En fuentes gubernamentales se critica que la Justicia alemana haya entrado a valorar el «grado de violencia» considerable para existir delito, remitiéndose no solo al propio Código Penal, como obliga el procedimiento, sino citando jurisprudencia previa.

Es más, el mismo auto, por el que Puigdemont quedó en libertad el pasado viernes, admite que al ex president «como iniciador del referéndum, se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta». Aunque luego añada que «estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno y que éste tuviera que capitular frente a las demandas de la persona violenta».

En fuentes del ministerio de Justicia se considera que la «sensibilidad jurídica» de los países es muy distinta y que por ello habría que reflexionar sobre cómo se podría mejorar este mecanismo, fundamental para la cooperación policial y judicial en Europa.

El jefe de los eurodiputados del PP, Esteban González Pons, ya fue muy crítico estos días con el mecanismo. Durante una intervención en el marco de la Convención Nacional del PP, en Sevilla, consideró que la decisión alemana ha puesto en cuestión los cimientos de confianza en los que se la Unión Europea y afirmó que «si la euroorden no funciona, Schengen no tiene sentido». Es decir, añadió después, es «absurdo» que se eliminan las fronteras para permitir el libre movimiento de los ciudadanos pero luego no existan mecanismos para que los «delincuentes» puedan ser entregados a sus países.

«Si un Estado cuestiona a otro, la Unión Europea pierde su función», consideró Pons, para quien «si hay un Estado en el que el intento de dar un golpe de estado no es delito, el problema no es de España, es de ese Estado».

Las declaraciones de Pons sorprendieron por su inédita carga de dureza, en un cónclave en el que se ha medido con precisión la crítica a la Justicia alemana. De hecho, el propio Rajoy ha impuesto discreción a la hora de cargar las tintas, por temor a que ello pudiera suponer un revés a la hora de que Puigdemont sea entregado.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, destacó que «la labor de los gobiernos es respetar a la Justicia y sus resoluciones». La línea también del presidente del Gobierno, que limitó el proceso estrictamente al ámbito judicial. «Son temas en los que no se debe entrar», afirmó desde Sevilla.