El PSOE quiere obligar por ley al Gobierno a un “equilibrio” de género de sus cargos

El PSOE quiere que se regule por ley la presencia de las mujeres en los ámbitos de poder público.

Así se recoge en la Proposición de Ley presentada este miércoles por los socialistas «para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación».

La propuesta incluye una modificación del artículo 16 de la ley vigente, de 2015, de forma que se exija una «presencia equilibrada» entre ambos sexos «en los nombramientos realizados por los poderes públicos». Los Poderes Públicos deberán cumplir así, según los socialistas «con el principio de presencia equilibrada de mujeres hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas», que no se concretan.

En la actual redacción del artículo, esa presencia equilibrada es una simple recomendación: «Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan», se dice en el texto.

Los socialistas quieren ahora pasar del «procurarán atender» al «deberán cumplir».  Un matiz, relevante, que rige también en el caso de los Consejos de administración de aquellas empresas que estén obligadas a presentar cuentas de pérdidas y ganancias.

La proposición del PSOE persigue, sobre todo, una vuelta de tuerca en la legislación actual, más orientada en general a recomendar que a exigir por ley. Lo resumió la responsable de Igualdad, Carmen Calvo. El propósito es «pasar de las palabras a los hechos». 

La iniciativa prevé multas de hasta 50.000 euros para los casos calificados de «muy graves», entre ellos, impedir el derecho a la conciliación, la no interrupción de un contrato formativo por riesgo durante el embarazo, parto, nacimiento de hijo o hija, cuidado de menor de doce meses, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y violencia de género, la extinción del contrato de trabajo durante el periodo de prueba por razón de embarazo o maternidad, el despido de la trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o incumplir el principio de composición equilibrada de las comisiones negociadoras de los convenios colectivos, descendiendo del 20% la presencia de personas de alguno de los dos sexos.

Además, las infracciones graves se castigan con entre 626 y 6.250 euros de sanción. Serían, por ejemplo, impedir el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, impedir la suspensión de la prestación de las personas trabajadoras autónomas por razón de embarazo, parto, nacimiento de hijo o hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, temporal o permanente o impedir el deber de negociación de acciones positivas en las condiciones contratación, de clasificación profesional, de ascensos, de promoción y deformación, cuando en el ámbito funcional objeto de negociación colectiva existan situaciones patentes de desigualdad de hecho de las mujeres respecto de los hombres.

La iniciativa socialista también contempla la creación de una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo en el empleo y la ocupación que se integraría en la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Entre sus funciones más relevantes se incluye el suministro a las partes negociadoras de los convenios colectivos de las estadísticas necesarias que permitan acreditar, en su caso, la existencia de situaciones de desigualdad de hecho de las mujeres respecto de los hombres en el ámbito de aplicación correspondiente, con la finalidad de que puedan cumplir convenientemente con su deber de negociar acciones positivas que las corrijan.

El argumento de género en los nombramientos no es nuevo en el PSOE, aunque sí es la primera vez que el partido quiere que una ley recoja expresamente esa obligación.

Recientemente, la candidatura de Luis de Guindos para la vicepresidencia del BCE ya fue objeto de críticas por ese motivo. La portavoz en el Congreso, Margarita Robles, lo consideró «un desprecio a las mujeres».