Los separatistas exigen a los rectores que les quiten los exámenes porque no van a clase desde el 1-O

Instituto con carteles a favor de la huelga estudiantil en Cataluña.
Centro de enseñanza con carteles a favor de la huelga estudiantil en Cataluña.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La plataforma ‘Universidades por la República’, que agrupa a estudiantes universitarios independentistas, ha promovido una campaña de «presión» a los rectores para que se posicionen a favor del procés y de sus tesis: la libertad de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión por presunta sedición, y el rechazo a la aplicación del artículo 155.

Los propios organizadores no ocultan que su intención es «presionar» a los responsables universitarios. Pero, además de mostrar su compromiso con los presos y en contra del Gobierno, se les insta a aceptar dos peticiones: que se «paralice la actividad académica y evaluativa» y, en consecuencia, «se dé a los alumnos la opción de hacer una evaluación única», esto es, que se supriman los exámenes parciales y se limite a uno final. Según el colectivo, esto facilitaría la «implicación política» de los alumnos.

«La comunidad universitaria no podemos quedar al margen, ya que nuestra indiferencia sería cómplice de aquellos que quieren destruir la democracia en Cataluña», advierten, en un comunicado.

Así, defienden que «ante la excepcionalidad y gravedad del momento, las universidades deben posicionarse en referencia a una oposición a cualquier medida de aplicación del artículo 155 , defender las instituciones catalanas y su legitimidad y exigir la libertad inmediata y sin condiciones de los presos políticos catalanes «.

Y consideran que «este posicionamiento debe ir acompañado de una serie de medidas para facilitar la implicación política de los miembros de la comunidad universitaria, que se concretan en: que se produzca una parada de la actividad académica y evaluativa en caso de convocatoria de huelga general de estudiantes y en caso de convocatoria de paro de país , durante el período de tiempo que dure la misma» y «dar la opción a aquellos alumnos que lo soliciten a hacer evaluación única».

La situación en Cataluña ha afectado de manera determinante al normal funcionamiento de la docencia. Los alumnos denunciaron en muchos casos las acciones de los estudiantes secesionistas para impedir el desarrollo de las clases: desde irrumpir en las aulas con proclamas independentistas, a organizar barricadas y hasta bloquear los accesos con mobiliario en las jornadas de huelga. En estas últimas, se vivieron momentos de tensión con los alumnos que trataban de acceder al recinto universitario.

La convivencia entre el alumnado favorable o contrario a la independencia también ha salido malparada. Las denuncias de presiones han sido constantes, incluida una campaña de recogida de firmas organizada por la Plataforma Antifascista de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para expulsar a los alumnos que acudieron a la manifestación constitucionalista del pasado 8 de octubre, en Barcelona.

En este tiempo, no ha existido un posicionamiento público de los rectores, pero sí una permisividad hacia actos a favor del referéndum ilegal o de la República catalana. Sin ir más lejos, este mismo martes, las asociaciones ANC y Òmnium han organizado un acto en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, a favor de la libertad de los ‘Jordis’.

La ‘politización’ del cuerpo docente es un hecho. Hace unos días, más de 500 profesores y empleados universitarios impulsaron la ‘Mesa del Personal Universitario de Cataluña’, en cuyo manifiesto defienden abiertamente la República y consideran como «único Govern legítimo» el que emana del Parlament.

En la rueda de prensa, celebrada el pasado jueves en la Universidad de Barcelona, los docentes afirmaron que la declaración era un punto de partida para implicar más al profesorado y personal administrativo en la defensa de un Estado catalán independiente.

La Mesa reclama que se acepten los resultados del referéndum ilegal, la liberación de Sànchez y Cuixart, el sobreseimiento de los procesos judiciales abiertos, y la retirada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

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