Podemos y los independentistas presionan para fiscalizar al Tribunal Constitucional en el Congreso

Podemos y la antigua Convergència (PDeCAT) han propuesto que la subcomisión sobre financiación de partidos, órganos reguladores y denunciantes de corrupción-que se desarrolla en el marco de la Comisión Anticorrupción en el Congreso-incluya también la supervisión y control de instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. 

Se trata de una extralimitación de las funciones atribuidas a la subcomisión, que, en este momento, se encuentra en trámite de finalizar el estudio sobre las finanzas de los partidos para pasar a los órganos reguladores. Es en este nuevo apartado en el que Podemos y los convergentes se han aliado para proponer la fiscalización.

La subcomisión busca detectar fallos en el funcionamiento de partidos y organismos para después redactar recomendaciones o sugerencias de reformas legales que se elevarán al Pleno del Congreso. Y para ello es necesario que a la subcomisión acudan a declarar aquellos comparecientes que los partidos consideren. Para que la propuesta prospere, tendrá que ser respaldada por otras formaciones. El PP cuenta con dos miembros, por dos de PSOE, Podemos y Ciudadanos, y uno de ERC, PNV y Grupo Mixto, partidos que podrían acabar sumándose.

La propuesta ha sido criticada con dureza por los ‘populares’, que entienden que se estaría aprovechando la subcomisión con la única finalidad de ejercer un «control político». El PP ya arremetió contra la decisión de los grupos de liquidar cuanto antes el análisis de la financiación de los partidos, para pasar a los organismos. En lo pactado, se había acordado que en este apartado se estudiase a las «autoridades independientes y organismos de regulación económica», entendiendo, por ejemplo, la CNMV, CNMC o el Tribunal de Cuentas.  La intención de controlar el modus operandi del TC o el CGPJ no pasa desapercibida, en pleno órdago independentista.

Desde que fue constituida, en febrero, la mencionada subcomisión se ha revelado más como un foco de tensiones entre los partidos, que un órgano realmente efectivo. Ya entonces, los partidos discreparon tanto por su contenido como su formato.  Mientras el PSOE, Unidos Podemos y los grupos minoritarios preferían centrarse en revisar el sistema de nombramientos de los órganos reguladores y constitucionales, PP y Ciudadanos defendían como prioritario el debate sobre la financiación de los partidos. Finalmente, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos pactaron que la subcomisión aunase los tres temas.