La renovación del TC abre una guerra en el PSOE entre Vara y Rubalcaba

El proceso de renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha abierto una nueva batalla interna en el PSOE.

La confirmación en la Asamblea de Extremadura de la candidatura de Ángel Juanes como la apuesta socialista para cubrir una de las cuatro plazas vacantes de la institución enfrenta al presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, con el exsecretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, que respalda a Cándido Conde-Pumpido. Una batalla que se libra más bien en términos de poder interno,  ya que ambos dirigentes mantienen una excelente relación personal y no es previsible que ese ‘pique’ trascienda más allá, según fuentes socialistas.

El candidato de Fernández Vara entra así a competir con la eterna aspiración de Cándido Conde-Pumpido,  a favor de quien presiona el sector ‘rubalcabista’, de renovada influencia en el socialismo. No obstante, según fuentes consultadas, Juanes tendría todas las posibilidades de salir victorioso,  sobre todo, por el incontestable aval que le otorga su actual vicepresidencia en el Supremo.

Factores en contra

Conde Pumpido se vería así de nuevo relegado de la carrera por un puesto en el Constitucional. El ex fiscal general del Estado ya quedó  fuera en dos procesos anteriores y en esta ocasión sus opciones son también limitadas. Para empezar, porque aún no ha cumplido el trámite de ser propuesto por un parlamento regional, algo que podría resolver antes del 10 de febrero y, según fuentes consultadas, como candidato de la Asamblea de Madrid.

Segundo, porque los socialistas cuentan con un nombre prácticamente asegurado para cubrir una de sus vacantes, el de María Luisa Balaguer. La Catedrática de Constitucional, consejera del Consejo Consultivo de Andalucía y experta en Igualdad tiene el respaldo de la poderosa federación andaluza y casi nadie pone su elección en duda.

Por parte del PP, los candidatos más firmes son Ricardo Enríquez, ya magistrado en el TC, y el catedrático de Derecho Laboral, Alfredo Montoya. Éste último, apuesta del actual presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos, quien ha trasladado a Mariano Rajoy la conveniencia de contar con un experto laboralista en esta legislatura.

Una plaza de consenso

Conde Pumpido se enfrenta además a otro condicionante. Que el cuarto puesto, que en principio corresponde al PSOE, es una plaza de consenso,  en ese escenario, Juanes contaría, a priori, con un mayor beneplácito del PP.

Esta cuarta vacante es la que genera más dudas en un proceso de negociaciones que avanza a buen ritmo entre PP y PSOE. Aunque lo más probable es que triunfe la vía del consenso, existen fuertes presiones para que esa plaza sea ocupada por una mujer, a fin de mantener la paridad en las designaciones.

Otras versiones mantenían hasta este jueves que el puesto podría ser cedido a un candidato a propuesta del PNV, un gesto que implicaría mantener la «sensibilidad vasca» en la institución, que hasta ahora representaba la magistrada Adela Asúa. Desde la formación nacionalista se ha cerrado no obstante la puerta a proponer candidato para una institución que consideran «deslegitimada».

El presidente del Gobierno es el que tiene la última decisión en las negociaciones, que se desarrollan al primer nivel. Tras el nombramiento de estos cuatro nuevos jueces se iniciarán otras, que concluirán con la elección del presidente y el vicepresidente.  Un asunto que genera ya amplias polémicas.

El acuerdo entre las dos formaciones mayoritarias, y que incluiría el veto de los socialistas a que el magistrado Andrés Ollero presida la institución, en reemplazo de Pérez de los Cobos, ha indignado a la magistratura por incumplir los reglamentos básicos de los nombramientos.

Según estos, los cuatro magistrados que toca renovar tienen que ser elegidos por el Senado y pueden ser propuestos por los Parlamentos de las Comunidades Autónomas, pero al presidente lo deben votar los jueces del Constitucional. El rechazo incumple además una norma no escrita en la institución, como que el designado sea uno de los miembros del Tribunal de más antigüedad, como sería el caso. La justificación desde el PSOE es su vinculación con el PP, partido del que fue diputado durante 17 años.

El proceso de renovación comenzó el pasado mes de diciembre y el plazo para que las autonomías envíen las propuestas aprobadas por sus respectivos Parlamentos se cierra el 10 de febrero, después de haber experimentado dos prórrogas.