1-O: la huida hacia adelante de Puigdemont tras una reunión secreta que partió Cataluña en dos

Un año después de la celebración del referéndum ilegal de independencia de Cataluña existen aún muchos detalles desconocidos de cómo se organizó y cuál fue la relación entre los gobiernos del Estado y el de la Generalitat.

Hasta pocos días antes, La Moncloa pensaba que el Govern podría desconvocar la votación. En la Generalitat, solo el número dos de Quim Forn, César Puig, y el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, alertaban del uso de la fuerza que podía producirse por parte de los cuerpos de seguridad del Estado para evitar la votación. Pese a los intentos, no hubo acuerdo y los dispositivos consensuados dejaron paso a la improvisación.

Cinco días antes de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, el entonces presidente, Carles Puigdemont, convocó una reunión de la junta de seguridad de Cataluña, para alinear todas las posiciones ante la celebración del referéndum.

El Govern comunicó la convocatoria con una llamada a la delegación del Gobierno, comandada por Enric Millo, que puso la cita en conocimiento del ministro, Juan Ignacio Zoido. Zoido dio órdenes expresas de asistir. La primera sorpresa para los representantes del Estado -José Antonio Nieto, Enric Millo, Juan Antonio Puigserver y Diego Pérez de los Cobos como máximo responsable de Policía y Guardia Civil- llegó cuando Puigdemont, en castellano, intervino asegurando que había una resolución judicial que cumplir, algo que gustó a los representantes del Estado.

El Govern intentó apartar a Policía y Guardia Civil del operativo del 1 de octubre.

Forn y  Trapero reafirmaron las palabras de Puigdemont, pero les quedaba la última bala que haría dinamitar por completo la buena sensación de la cúpula del ministerio del Interior: el cumplimento del mandato judicial tenía que ir a cargo de los Mossos d’Esquadra.

El Govern quería apartar así a Policía y Guardia Civil del operativo del 1 de octubre, que por entonces coordinaba el coronel Diego Pérez de los Cobos, algo a lo que el Gobierno no estaba dispuesto.

Finalizada la reunión, Pérez de los Cobos se puso en contacto con el ministro Zoido para confirmarle que el Govern no tenía «intención de desconvocar el referéndum”. En aquel mismo momento, Trapero tenía también la certeza de que el 1-O habría cargas policiales. La información procedía de responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y así se lo transmitió en tres encuentros diferentes, a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Conscientes de los impedimentos que el Estado podía poner al referéndum ilegal, hasta última hora el Govern barajó la posibilidad de crear una aplicación móvil para facilitar la votación. La falta de tiempo lo desaconsejó.

Visita a un colegio la noche anterior al 1-O

Paralelamente, los tres cuerpos policiales encomendados por orden judicial en la interlocutoria que afectaba al 1-O- Mossos, Guardia Civil y Policía-ultimaban el dispositivo conjunto.

El sábado por la noche, Puigdemont acudió al Colegio Verd de Gerona, uno de los que vivieron más momentos de tensión y donde precisamente estudian sus hijas menores. Allí comprobó que todo estaba listo para una jornada histórica para el independentismo. En la delegación del Gobierno en Cataluña, en la calle Mallorca de Barcelona, solo el delegado Enric Millo se escapó a dormir unas horas a su domicilio, volviendo a la sede gubernamental a las seis de la mañana, cuando los operativos de la operación Cópernico abandonaban los barcos del puerto de Barcelona para dirigirse a los puntos asignados. El equipo de Pérez de los Cobos estuvo toda la noche trabajando en el operativo.

Puigdemont despistó a sus escoltas para votar

Mientras el Govern aseguraba el Palau de la Generalitat con más de una treintena de efectivos del Grupo Especial de Intervención y una antena de recepción de datos para asegurar el recuento, y, en el Centro Internacional de Prensa el consejero de la presidencia -hoy en prisión- Jordi Turull anunciaba la apertura de los centros de votación con total normalidad, llegaron los primeros enfrentamientos.

Los independentistas intentaban evitar la entrada de la Policía al pabellón donde tenía que votar Puigdemont, quien, tras una maniobra de despiste de sus escoltas y cambiando de vehículo bajo un puente para no ser vistos por un helicóptero, descartó votar donde tenía previsto y se dirigió a Cornellà de Terri, a unos quince kilómetros de su domicilio.

Marta Pascal (PDeCAT) pidió a Puigdemont frenar la votación. Junqueras no dijo nada.

Allí votó, se hizo la foto y a continuación se dirigió hacia el Palau de la Generalitat. Los Mossos habían empezado a levantar acta de la ocupación de los centros educativos desde primera hora. Puigdemont convocó al núcleo duro del independentismo en la sede del Govern para valorar la jornada.

De camino a la reunión, recibió un mensaje de la entonces coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal pidiendo que paralizase la votación. Secundaba sus tesis el entonces presidente de la ANC, Jordi Sánchez, pero lo rechazaban la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el presidente de Omnium Jordi Cuixart y el responsable de comunicación del procés, Oriol Soler. El vicepresidente Oriol Junqueras, también presente en la reunión, no alzó la voz. Finalmente, Puigdemont decidió mantener la votación argumentando que suspenderla sería peor.