⁠Dos años y medio de cárcel para los ultras que dejaron tuerto a un hombre por llevar la bandera de España

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado los recursos de apelación de los cuatro radicales de extrema izquierda que agredieron a un motero en Zaragoza por tener una pequeña bandera de España en el chaleco. Las cuatro ultras a los que se logró identificar han sido condenados a dos años y medio de cárcel. Además, como consta en la sentencia consultada por OKDIARIO, deberán indemnizar con 187.000 euros a Sergio, el agredido. Inicialmente, se les impuso 90.000 euros de compensación económica, pero los magistrados ahora han elevado esa cantidad. El caso acabará en el Tribunal Supremo porque la acusación, liderada por el abogado Enrique Trebolle, se mantiene firme en pedir 10 años de prisión, teniendo en cuenta que el agredido pudo perder la vida.

Los hechos se desarrollaron a las 00:37 del 20 de octubre de 2019 a la salida de un concierto. Allí acudió un grupo de moteros de una organización internacional que, para identificarse, lucen banderas de sus países o de sus comunidades autónomas. De repente «de forma concertada y planificada», aparecieron radicales izquierdistas «movidos por la exclusiva finalidad de reafirmar y reivindicar la propia ideología mediante el uso de la violencia física y de los insultos, frente a quienes suponían tenían ideas contrarias a las suyas».

Diez meses después del asesinato a golpes de Víctor Laínez por parte del ultra Rodrigo Lanza –también en Zaragoza, mientras portaba tirantes con la bandera nacional– y dos años después de la agresión de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), el centro de la capital aragonesa fue testigo de otro linchamiento.

Los condenados pensaban que agredían a personas de ultraderecha, pero la sentencia finalmente no condena por delito de odio. «Exclusivamente seleccionaron [a las víctimas] en la creencia, por la simbología y estética similar a la de grupos de ideología de extrema derecha. Sin embargo, no lo eran, siendo un grupo apolítico formado por personas que les unía su pasión por hacer rutas en moto», recogen los jueces.

El grupo de radicales, entre los que estaban los cuatro condenados, «para la realización de su plan común, se organizaron en forma de medio círculo cubriendo sus caras, con evidente desprecio de la integridad física, les lanzaron de una forma repentina e indiscriminada varias botellas de vidrio». Al mismo tiempo les apuntaban con «una pistola-linterna taser, y todos se jaleaban y gritaban: ‘Fachas, os vamos a matar, fascistas, fachas de mierda, nazis’. Expresiones únicamente alusivas a la supuesta ideología atribuida al grupo agredido».

El cristal de una de las botellas lanzadas indiscriminadamente por el grupo golpeó una pared e impactó en la cara de Sergio «ocasionándole una perforación ocular traumática, con estallido de globo ocular ojo derecho y varias heridas incisas en párpado superior e inferior. Fueron precisas dos intervenciones quirúrgicas, medicación y tratamiento psiquiátrico, tardando en curar 282 días». Sergio se quedó con secuelas: «Estallido del globo ocular derecho que le origina dolor crónico, trastorno ansioso-depresivo y cicatriz de 7 centímetros». Los gastos médicos ocasionados al Servicio Aragonés de Salud llegaron a casi 5.000 euros.

Registros domiciliarios

Los registros domiciliarios practicados, con la preceptiva autorización judicial, sacaron a la luz material de extrema izquierda. Entre otros, camisetas con lemas como Gamberros, Fascistas, Antifascistas, Sangre por sangre, Zaragoza letal, SHARP (Skinheads contra los Prejuicios Raciales) y, entre otros, Preso Etaiherlariak. Además, tal como ha podido saber OKDIARIO, alguno de los agresores era habitual de la sede del Partido Comunista de España (PCE) que se encuentra a 600 metros del local donde se celebró el concierto.

La sentencia del TSJ de Aragón tumba una por una las alegaciones de los abogados de los condenados: Javier Boira González, Amado Franco Rayo, Eduardo Gómez Malo y Alicia Ormaetxea Ortega. Se descarta que no se hayan valorado bien las pruebas, que haya dilaciones indebidas o la vulneración de derechos fundamentales. Los acusados defendían que se había vulnerado su derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, a la presunción de inocencia y, entre otros, a la libertad ideológica.

Los abogados de la defensa argumentaban que la identificación de sus clientes «se efectuó a través de una cesión ilegal de datos por parte de la Policía Judicial a la Brigada de Información, que reconoció al acusado tenerlo incluido en un fichero de personas que profesan una ideología izquierdista, por haber asistido en alguna ocasión a manifestaciones o concentraciones de protesta organizadas por colectivos que la Policía considera de extrema izquierda».

Sin embargo, los jueces descartan esta idea y confirman que la Policía tenía fichado a los agresores por «su presunta participación en daños provocados por pintadas en el Campus de la Universidad de Zaragoza, concentraciones ante la cárcel de Zuera, e integración en grupos que, por la experiencia policial, son susceptibles de provocar disturbios». «No existe un fichero policial que clasifique a los individuos por su ideología», zanja la sentencia redactada por el magistrado Fermín Francisco Hernández como ponente que expresa el sentir de toda la sala.