Las telecos españolas reducen a la mitad los ingresos por servicios de itinerancia en 2020

Los ingresos de las empresas de telecomunicaciones españolas por servicios de itinerancia cayeron a la mitad en 2020, según informó el viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Las cifras se situaron en 354 millones de euros, prácticamente un 50% menos respecto al año anterior, cuando los ingresos totales ascendieron a 712 millones de euros.

En los dos últimos ejercicios, se ha producido una tendencia decreciente en los ingresos totales, de especial intensidad en 2020, año en el que los desplazamientos internacionales se vieron afectados por la situación de emergencia sanitaria provocada por la expansión de la Covid-19 en todo el mundo.

Las telecos obtuvieron 179 millones de euros por servicios finales de itinerancia en 2020, un 55% menos respecto al ejercicio anterior, unos ingresos que se corresponden con los servicios que prestan los operadores a sus clientes (voz, SMS y datos) fuera de España, indicó la CNMC.

El organismo destacó que hay que tener en cuenta que dentro de los países del Espacio Económico Europeo (EEE) se eliminaron los cargos por el servicio de itinerancia internacional (equiparando los precios en itinerancia con los precios domésticos -medida denominada Roam Like at Home- y dentro de la política de utilización razonable) desde junio de 2017.

En 2020, el tráfico de datos fue lo que más pesó sobre el volumen total de ingresos en itinerancia al representar el 71,6% del total, una tendencia que se ha ido incrementando en los últimos años, detalló.

En la actualidad, la regulación de los servicios de itinerancia está pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo y es previsible que el nuevo marco regulatorio se apruebe en la primera mitad de 2022. En la propuesta se contempla prolongar hasta 2032 el actual sistema, por el que los ciudadanos no podrán estar sujetos a recargos por llamadas, SMS o datos utilizados durante sus desplazamientos dentro de la UE. Aunque la medida no ha superado su aprobación final por las instituciones europeas, ya cuenta con el acuerdo de los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo.