El Supremo rechaza que el despido improcedente pueda aumentar de 33 días por vía judicial

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 16/07/2025 16:55
  • Actualizado: 16/07/2025 16:55

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, que crea jurisprudencia, en la que rechaza que el despido improcedente pueda aumentar de 33 días por año trabajado con un límite de 24 meses pueda ser ampliado en vía judicial «con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso». Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha celebrado la sentencia del Supremo mientras Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha insistido en que iniciará el proceso para modificar el despido en España.

El Supremo indica que no se puede incrementar vía judicial esta indemnización sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.

El Tribunal Supremo avala lo dictado en una sentencia del pasado diciembre, donde el pleno de su Sala Cuarta ya indicó por «unanimidad», que la indemnización por despido improcedente establecida en el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET) de 33 días de salario por año de servicio «no puede verse incrementada en vía judicial» sin que ello suponga una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En esta nueva sentencia, el Supremo considera que, al igual que hizo en relación con el Convenio 158 OIT, la expresión derecho a una «indemnización adecuada», que reitera el artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, resulta «literalmente inconcreta».

Por ello, el Alto Tribunal entiende que no se trata de mandatos directamente aplicables, sino de «declaraciones programáticas, de abierta interpretación, cuya virtualidad concreta exigiría una intervención legislativa».

El Supremo indica que la doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización tasada de la legislación española «es una indemnización adecuada». «Esta fórmula legal ha venido ofreciendo seguridad jurídica y uniformidad para todos los trabajadores que, ante la pérdida del mismo empleo, son reparados en iguales términos», exponen desde el Supremo.

El Alta Tribunal concluye en la sentencia que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) «no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares», ya que, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el CEDS «no es un órgano jurisdiccional ni sus resoluciones son sentencias».

«Tal como dispone la propia normativa del Consejo de Europa, las decisiones del CEDS ni siquiera vinculan al Comité de Ministros del propio Consejo de Europa, ni tampoco a los tribunales internos de cada estado, reiterando en este punto las conclusiones a las que ya han llegado el Tribunal Supremo francés y el Tribunal Constitucional italiano», exponen desde el Supremo.

El presidente de la CEOE ha celebrado la sentencia, que ha calificado de «buena noticia». «Vuelve a hablar de confianza, habla de seguridad jurídica, que es de lo que nosotros hablamos», ha recalcado Garamendi durante su discurso en la clausura de la Asamblea 2025 de la CEOE.

Para el presidente de la CEOE, esta sentencia pone en relieve que es necesaria «seguridad jurídica» en España y, frente a los discursos que llevan «más de un año» diciendo que es necesario adaptar la legislación española sobre el despido a la Carta Social Europea, Garamendi ha indicado que el Supremo ha demostrado que «esto no es así». «Volvemos otra vez a que la seguridad es lo que nosotros necesitáramos», ha pedido Garamendi, que ha reiterado que este fallo acaba con la «indefinición».

El Ministerio de Trabajo ha aprovechado para reiterar que modificará la ley del despido. «El Gobierno hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido», señalan a EP fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.

Trabajo ha recordado, «desde el respeto a las decisiones judiciales y a la espera de conocer el contenido definitivo del fallo», que España ha ratificado la Carta Social Europea, cuyo cumplimiento garantiza íntegramente y adicionalmente el Gobierno, que hará efectivo el programa de coalición y su compromiso con la ciudadanía, que es reformar el despido.