Seis autonomías del PSOE dejaron sin pagar el 50% de las subvenciones a pymes y autónomos en 2020

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de las subvenciones relacionadas con el Covid-19 convocadas por las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Melilla (gobernadas por el PSOE en solitario o en coalición) y la Región de Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla, con gobierno popular.

Según el informe, las Comunidades y Ciudades Autónomas objeto de la fiscalización otorgaron 637 millones de euros en subvenciones a través de 363 convocatorias públicas destinadas a paliar los efectos provocados por la crisis sanitaria.

El 75% de este importe se destinó a ayudas para empresas y autónomos. En el 71% de los casos estos fondos se concedieron de forma directa, estando permitido por la legislación en los supuestos derivados del interés público, social, económico o humanitario como fue el caso.

El informe constata que los importes pagados durante el ejercicio 2020 no alcanzaron las cantidades previstas en las distintas convocatorias. Así, en la muestra analizada, de los 475 millones convocados entre las entidades analizadas, sólo se concedieron 312 millones, de los cuales finalmente se pagaron 282 millones de euros en 2020. 

Esta situación afectó en primer lugar a las ayudas a empresas y autónomos, ya que en ninguna de las convocatorias analizadas se concedió más del 50% del importe previsto y sólo se otorgaron al 29% de los solicitantes que las entidades habían previsto.

En segundo lugar, el informe pone de manifiesto cómo se vieron afectadas las ayudas al alquiler. En este caso, el importe ejecutado respecto de las cuantías convocadas fue inferior al 50% en prácticamente todas las entidades fiscalizadas.

Falta de Planificación

El Tribunal de Cuentas concluye falta de planificación estratégica y del preceptivo diseño de indicadores y objetivos medibles por partes de las CCAA y Ciudades Autónomas que han sido objeto de la fiscalización.

El Tribunal de Cuentas constata que el tiempo medio transcurrido desde la publicación de las Bases Reguladoras de las subvenciones hasta la primera concesión superó, en términos generales, los dos meses y que la media de plazo para el pago, una vez aprobada la convocatoria, fue inferior a 30 días.

Además, el Tribunal de Cuentas recomienda mejorar los procedimientos de publicidad para favorecer el éxito de las convocatorias y que los susceptibles beneficiarios tengan la información adecuada para poder concurrir a la ayuda.