Sánchez vuelve a prometer 13.000 viviendas públicas cuando sólo ha entregado 350 en dos años

Isabel Rodríguez, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha anunciado que el Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía 13.000 viviendas públicas en los «próximos meses» y ha subrayado la importancia de la colaboración con las comunidades autónomas para triplicar la inversión destinada al parque público de vivienda. Sin embargo, parece que Rodríguez no recuerda que el Gobierno de Sánchez ya prometió en 2023 habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible, de las que sólo se han entregado 350 casi dos años después.

El 18 de diciembre de 2023, un mes después de haber sido investido de nuevo como presidente del Gobierno, Sánchez aseguró que iba a usar durante la legislatura «todos los recursos del Estado para habilitar 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible». Además, se trata de una promesa que el presidente del Gobierno no para de recordar cada vez que tiene ocasión.

Por tanto, a pesar de que 184.000 viviendas llevan casi 2 años en el limbo, sin conocerse apenas como va su evolución, el Gobierno vuelve a prometer en pocos meses la entrega de 13.000. De esta forma, y con el ejemplo de las promesas que ya se han hecho y lo que no se ha alcanzado de lo prometido, parece un plan poco viable.

Disponer de un parque público de viviendas

«El gran desafío que tiene el Gobierno y el conjunto de administraciones públicas es disponer de un parque público de vivienda cuanto antes», ha insistido Rodríguez.

Según ha explicado el presidente del Gobierno, la medida contempla la incorporación progresiva de hasta 90.000 viviendas, de las cuales 13.000 estarán disponibles de forma «inminente» y 40.000 más se sumarán en los próximos años.

Sin duda, una nueva promesa, cuya suma supone un total de 130.000 viviendas asequibles, que se va  a construir en varios años y, que, por tanto, ni siquiera llega a las 184.000 ya prometidas. Por lo que, por un lado, simboliza un paso atrás de Pedro Sánchez en su propuesta inicial al reducir la promesa de viviendas asequibles, además de un intento de tratar de sostener un plan que es difícil de llevar a cabo para su ejecutivo.

Para desarrollar esta propuesta, el Ejecutivo ha aprobado este martes el perímetro de viviendas y suelos propiedad de la Sareb que se incorporarán a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para, posteriormente, nutrir la nueva empresa pública de vivienda, con el objetivo de aumentar el parque residencial público a precios asequibles.

La ministra ha detallado que parte de estas viviendas proceden de inmuebles que «fueron desahuciados para salvar a los bancos» y que ahora se recuperan para ponerlos a disposición de las familias a precios asequibles. Asimismo, ha reconocido la complejidad de las operaciones jurídicas y de gestión necesarias para la transmisión de estas propiedades, aunque ha asegurado que se actuará con la mayor agilidad posible.

En este sentido, la ministra ha defendido la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión pública de la vivienda, comparable a las infraestructuras educativas o sanitarias, para evitar que el acceso a la vivienda siga siendo un problema «estructural y recurrente».

A su vez, la responsable de Vivienda ha hecho un llamamiento a todas las administraciones públicas para que agoten todos sus recursos y colaboren en la ampliación del parque público, incidiendo en la importancia de la transparencia y la permanencia de la inversión en este ámbito.