Ribera abre la puerta a pactar con los fondos que piden 1.500 millones por los impagos a las renovables

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y próxima vicepresidenta europea de Competencia y Transición Verde, ha dado un giro de 90 grados a su política sobre los impagos a las renovables por los laudos perdidos en los tribunales de arbitraje internacionales, que han derivado en numerosas demandas en los tribunales ordinarios de medio mundo. Ribera ha dado marcha atrás y ha accedido en las últimas semanas a reunirse con los fondos internacionales que reclaman más de 1.500 millones de euros a España por esos impagos a las renovables. «Ahora nos ha escuchado al menos y hemos podido presentarle nuestra propuesta de pacto para acabar con esta situación», explican fuentes al tanto de la situación.

Además del departamento de Ribera, otros ministerios implicados también han recibido por primera vez a los representantes de los fondos internacionales para escuchar su propuesta de pacto y acabar con los juicios abiertos en juzgados de Australia, Estados Unidos, Reino Unido y otros países. «Representantes del Ministerio de Justicia y de Presidencia también se han sentado a escuchar a los fondos y aunque no se ha iniciado una negociación propiamente dicha, al menos es una avance con lo que se encontraban estos fondos hace unos meses», señalan estas fuentes.

Además, las fuentes consultadas señalan que bufetes internacionales que ha contratado el Gobierno español para defenderse en los juzgados internacionales les ha hecho llegar el mensaje de que la situación es insostenible para España y han recomendado llegar a algún tipo de acuerdo para acabar con los impagos a las renovables.

Todo esto ha provocado ese giro del Gobierno español, que se ha traducido ya en un primer acuerdo con NextEra, uno de los fondos internacionales que más dinero reclama a Ribera y a España por los impagos a las renovables. Este fondo y el Gobierno acordaron retirar la petición de embargo del 26% del aeropuerto de Luton, propiedad de Aena, para cobrar uno de esos arbitrajes. Incluso NextEra accedió a pagar las costas, y el aeropuerto de Luton ha quedado libre de cargas para Aena.

Es una de las reclamaciones, pero en total suman más de 1.500 millones de euros que, sumados los intereses, dejan la deuda total en casi 1.900 millones en estos momentos. Los fondos han tendido la mano al Gobierno para acabar con estos juicios y han planteado un acuerdo global al Ejecutivo. Entre otros se encuentran empresas y fondos como RWE, Renergy, Triodos, Nextera y Eurus.

Los fondos han propuesto al Gobierno reinvertir ese dinero en nuevas inversiones en España. Esta propuesta se hizo pública en un congreso en Madrid a finales de mayo de este año. «A partir de ahí se produjo el cambio en el Gobierno y empezaron a abrirnos las puertas y a sentarse a escuchar», señalan las fuentes.

El origen de este conflicto se remonta ya a hace más de 15 años. Fue en la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su ministro de Industria, Miguel Sebastián, aprobó en mayo de 2007 conceder primas del 25% a las inversiones en energías renovables para potenciar su uso y la expansión en el país de la energía verde.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, en 2012, y para hacer frente a la grave crisis económica que heredó de Zapatero, decidió rebajar unilateralmente esas primas del 25% al 7%. Los fondos que invirtieron en España iniciaron entonces una batalla en el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, para reclamar a España por la reducción de las primas a sus inversiones.

Los tribunales de arbitraje han dado la razón en muchas ocasiones a los fondos, que han reclamado el cobro de esas indemnizaciones. Ribera se decantó entonces por los impagos a las renovables apoyándose en una norma europea. Sin embargo, los fondos han acudido a los tribunales ordinarios de medio mundo, que les están dando la razón. El siguiente paso ha sido reclamar el embargo de bienes españoles en esos países ante la negativa de Ribera a pagar.

Ya hay peticiones de embargo en Australia, Reino Unido y pronto en Estados Unidos. El 26% que Aena tiene en el aeropuerto de Luton ha sido el último de esos embargos, que finalmente ha sido cancelado tras el primer acuerdo del Gobierno con los fondos.