Querella contra Santander: le acusan de saber de forma ilícita que la JUR resolvería a Popular por un euro

Un grupo de afectados y el bufete de abogados Fieldfisher Jausas tienen claro que Ana Botín conocía que Banco Popular iba a ser resuelto por la JUR antes de que este hecho se produjera. Según una querella que se ha presentando en la Audiencia Provincial de Madrid, Banco Santander conocía de antemano que el Banco Popular iba a solicitar la resolución.

Tal y como ha informado el bufete, «la querella fue inicialmente admitida y dio lugar a la incoación de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción 14 de Madrid. No obstante, el juez solicitó al ministerio fiscal que se pronunciara sobre la competencia territorial y este solicitó el sobreseimiento porque no se identificaba quién era el autor de las filtraciones y la querella se basaba en meras sospechas».

No obstante, el caso se reabre y ahora con esta querella se inicia «un nuevo frente de responsabilidad en el caso Banco Popular».

Según señalan en su texto legal, los indicios son que el Banco Santander «aprobó en fecha 3 de mayo una valoración de del Banco Popular en 0,60 euros por acción (equivalente a 2.600 millones de euros), con una horquilla entre 0,40 euros por acción (equivalente a 1.600 millones de euros en el peor escenario) y 0,80 euros por acción (equivalente a 3.600 millones de euros en el mejor escenario)».

La querella señala como el 8 de mayo, cinco días después de esta valoración, «sin que hubiera ninguna noticia pública ni cambio en la cotización o situación de liquidez que pusiera en tela de juicio el valor del Banco Popular, el comité ejecutivo del Banco Santander decidió dejar de plantearse comprar a un precio de 0,60 euros por acción, y se planteó comprar a 0 euros por acción, lo cual solo era posible si se daba el supuesto de ‘una emergencia en la que el supervisor tenga que orquestar lo pasos legales necesarios para que el Banco Santander pueda adquirir el Banco Popular a un precio simbólico’».

Tal y como señala la querella redactada por Jordi Ruiz de Villa, «existen pruebas fehacientes que en fecha anterior a 21 de mayo de 2017, Banco Santander ya estaba negociando a alto nivel con los fondos Blackstone y Lone Star la venta de activos no productivos de Banco Popular (incluida la existencia de cartas de intenciones a niveles de suscripción alineados con el Banco Santander), lo cual sólo sería razonable si Banco Santander fuera conocedor de la estrategia del Banco Popular de solicitar una resolución, y que el Banco Santander sería adjudicataria en dicho proceso de venta del negocio en el marco de la resolución de la entidad».

Por último, aseguran, también hay pruebas de que «el 22 de mayo de 2017 el consejo de administración de Banco Santander otorgó formalmente poderes a la comisión ejecutiva para que realizara una oferta de adquisición del Banco Popular a un precio de 0-200 millones de euros con una quita explícita previa de 2.030 millones de euros de instrumentos AT1 y AT2 (instrumentos de capital emitidos por la entidad de niveles 1 y 2), en el marco de un procedimiento de resolución».

Tal y como indica la querella, «este acuerdo del consejo de administración sólo es razonable si el Banco Santander, a diferencia del resto de las entidades que participan en el proceso privado de venta, conocía que la Junta Única de Resolución iba a iniciar un proceso de resolución al día siguiente, algo que no era «ni previsible ni predecible», aseguran.