La patronal de El Corte Inglés e IKEA acusa a Pedro Sánchez de guiarse por criterios políticos y no sanitarios
La organización empresarial Anged, que representa a grandes compañías de la distribución como El Corte Inglés, Carrefour o IKEA, exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más transparencia en los criterios sanitarios y menos “discrecionalidad” política en el plan de reapertura del comercio.
Esta patronal también avisa de que «los problemas financieros de las pequeñas empresas del comercio no se van a resolver prolongando el cierre de las tiendas de mayor tamaño» y que se está creando una «falsa rivalidad» entre la pequeña y la gran empresa.
En un comunicado, Anged «muestra su profundo malestar ante el grado de discrecionalidad política y económica con el que, según ha manifestado esta mañana en el Congreso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha decidido la reapertura escalonada del comercio en España».
Asegura que «los problemas financieros y de liquidez ocasionados por el cierre total durante dos meses y medio de las tiendas son comunes a todo el comercio y sectores, no sólo del pequeño comercio». Y que, aunque entienden que «el pequeño comercio no dispone de músculo financiero» como ha explicado Sánchez, «la obligación del Gobierno es ofrecer soluciones que mejoren esa situación de falta de liquidez, sin penalizar la situación del resto de operadores retrasando la reapertura de las tiendas de mayor tamaño».
La patronal Anged es contundente: «En todos los países de nuestro entorno el comercio está abierto. Las razones que argumenta el presidente, que responden a criterios políticos y económico, generan una discriminación que afecta a la competencia efectiva en el mercado, vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia». A su juicio, «el Ejecutivo está alentando además una falsa rivalidad entre pequeñas y grandes empresas que está absolutamente sobrepasada por la realidad del mercado global de hoy, en el que todos competimos en un mercado global con grandes plataformas digitales».
La patronal de la gran distribución -que agrupa a compañías como Alcampo, Apple Retail, Bricomart, C&A, Carrefour, Conforama, Costco, El Corte Inglés, Eroski, FNAC, IKEA, Leroy Merlin, MediaMarkt, Tendam, Toys`R`Us, Worten, Dufry y Feuvert- explica «esta crisis exige por parte de todos, en especial, de nuestros gobernantes, de un ejercicio de transparencia a la hora de explicar sus decisiones».
Y ofrece datos para argumentar la importancia de reflotar su sector: «La mayor parte de las tiendas de nuestras empresas asociadas llevan tres meses cerradas, con casi 100.000 empleados en situación de ERTE y sujetas a una situación de inseguridad jurídica extrema, con medidas discrecionales permanentes muy difíciles de manejar. Somos un sector que ocupa de forma directa a 230.000 personas en toda España y de la que depende una cadena de valor de 30.000 millones de euros, formada principalmente por pymes de la industria y los servicios ahora también paradas. Algunas de nuestras empresas tienen más de 9.500 proveedores españoles, también sujetos a la discrecionalidad de la decisiones políticas».
Desde Anged apuntan que «los trabajadores de nuestras empresas y sus proveedores tienen exactamente los mismos derechos que los de cualquier otra empresa». «Nuestra actividad no genera mayor movilidad de personas que, por ejemplo, una gran industria, el transporte público u otras actividades de servicio, en donde sin embargo, no se ha establecido una discriminación por tamaño para que, por ejemplo, primero abran las casas rurales antes que los hoteles o las pequeñas fábricas antes que las grandes factorías», remachan.
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