La obra pública en mínimos de hace 37 años: la patronal del cemento exige más inversión al Gobierno

Las alarmas se encienden en el sector de las infraestructuras, castigado por la desaceleración económica, el parón de la inversión y el frenazo de la creación y compraventa de viviendas. El último aviso lo ha lanzado Oficem, la agrupación de fabricantes de cemento de España, que estima que la demanda de cemento solamente crecerá un 2% este año. El pronóstico está por debajo del 5,6% de 2019 y mucho más alejado del avance del 8% que registró en 2018.

El consumo doméstico de cemento se ralentiza y ya se mueve en niveles cercanos a los años 60. «El consumo actual, -de 14,5 millones de toneladas al año- está muy por debajo de lo estimado para un país como España, que debería rondar los 20-25 millones de toneladas anuales», han explicado los fabricantes de cemento de España a OKDIARIO.

En cuanto a las exportaciones de cemento, ya suman dos años y medio de caídas ininterrumpidas, con un descenso del 33% respecto al año anterior. En el caso de las importaciones, se han duplicado hasta llegar al millón de toneladas en 2019.

España ha pasado de encabezar la producción de cemento mundial a ocupar un dudoso lugar en el ranking global. En 2007, a las puertas de la crisis, nuestro país era el quinto productor mundial y en 2018 se situaba en el puesto número 29, superado por países como Marruecos o Nigeria.

Otro dato alarmante es que la inversión pública en infraestructuras en relación con el PIB actualmente está en torno al 1%, el nivel más bajo desde 1983. En este escenario, las cementeras piden al Gobierno liderado por Pedro Sánchez que reactive urgentemente la inversión en infraestructuras.

«Nuestro país necesita infraestructuras relacionadas con el transporte y la movilidad, el acceso a las ciudades, la mejora de las redes secundarias; infraestructuras imprescindibles relacionadas con el tratamiento de los residuos o el saneamiento y depuración del agua, una circunstancia esta última, cuyo incumplimiento ya se ha traducido en multas por parte de la UE”, asegura Oficem.

Por ejemplo, sobre la depuración de agua, la Comisión Europea condenó al Estado a pagar una multa de más de 22 millones de euros -que abonó en junio de 2019- por incumplir una norma medioambiental que obligaba a las poblaciones de más de 15.000 habitantes a depurar correctamente sus aguas residuales.