La CNE de Teresa Ribera amenaza el coche eléctrico y la división de Naturgy

El Gobierno ha aprobado esta semana, con algo de retraso sobre el horario previsto como la Vuelta a España, la creación de la CNE (Comisión Nacional de la Energía), el organismo con el que Teresa Ribera y su marido, Mariano Bacigalupo, van a controlar por completo la política energética sin nadie que les tosa (aunque la actual CNMC tampoco es que le lleve mucho la contraria). Un control que pone en riesgo cosas que la propia ministra se supone que apoya, como el coche eléctrico o el autoconsumo, así como el proyecto de división de Naturgy.

Ya les contamos en OKDIARIO allá por octubre que Teresa Ribera le metía un gol a Nadia Calviño con la creación de esta CNE teóricamente independiente (no se rían, por favor) para quitarle el control de la energía a la CNMC, dependiente de Economía. Y con el aplauso de las empresas, que ahora mismo sólo tienen interlocución con los técnicos pero no acceden a nadie con mando en plaza.

Por si hubiera alguna duda, el artículo 5 del anteproyecto que crea la Comisión la despeja: «La CNE, en el ámbito de sus competencias de regulación [que son las importantes], deberá tener en consideración las prioridades estratégicas establecidas por el Gobierno, que se materializarán en unas orientaciones de política energética adoptadas por orden del titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos».

O sea, que la CNE tendrá que hacer por ley lo que le diga Teresa Ribera. Y para que no pueda encontrar ningún resquicio, la norma detalla en qué ámbitos debe obedecer: «Las orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente, la gestión óptima y el desarrollo de los recursos nacionales, la gestión de la demanda, la gestión de las elecciones tecnológicas futuras, la utilización racional de la energía, así como cualesquiera otros que guarden relación directa con las competencias del Gobierno en materia energética». Cualesquiera otros. Ahí lo llevas.

La batalla de las redes

Por supuesto, la presidencia irá a parar a una de las dos protegidas del tándem Ribera-Bacigalupo: María Jesús Martín Martínez, ex directora general en el Ministerio y sustituta del propio Bacigalupo en el consejo de la CNMC cuando éste se fue a la CNMV para seguir cobrando un sueldo público; o Natalia Fabra, la autora de la famosa propuesta del sistema eléctrico europeo (ahí es nada) que Europa se pasó por ahí mismo. Más probabilidades para la primera porque la segunda es más académica «y en un organismo de nueva creación hay que trabajar mucho», según una fuente conocedora del percal.

La gran batalla que se va a librar ahora es la retribución de las redes eléctricas, en especial las de media y baja tensión que son de las empresas privadas, no de Red Eléctrica (alta tensión). Iberdrola, Endesa y Naturgy ya han dejado claro que, sin una remuneración adecuada, no van a invertir un duro. Y si no invierten, no hay transición ecológica, «que no consiste en poner parques eólicos y solares, sino en cambiar la estructura de la red y digitalizarla», según las fuentes. El propio Ignacio Galán lo dejó claro el jueves: «Nos gustaría electrificar la economía, alcanzar los objetivos descarbonización y la independencia energética, y para eso las redes son imprescindibles».

La propia Ribera dijo en enero que esa remuneración puede «elevarse algo» como si fuera competencia suya, que como hemos visto lo va a ser de facto aunque no formalmente. En el PSOE, lo de guardar las formas, como que no. Pero claro, tampoco va a subir mucho ese pago, porque ese coste va en vena al recibo de la luz que pagan los ciudadanos y las empresas.

El problema es que, si no se renueva la red, podemos despedirnos de la generalización del coche eléctrico. «Si todo el mundo se compra un coche eléctrico en las grandes ciudades, se funde la red». No se puede fomentar el vehículo ecológico si luego no hay energía para cargarlo. Lo mismo pasa con el autoconsumo: sin cambiar la red, es inviable.

Hay otra forma de compensar estas inversiones necesarias sin disparar el recibo: bajar o eliminar el impuestazo del Gobierno a las energéticas. Por eso el propio Pedro Sánchez se ha abierto a «revisarlo». Ah, pero eso reduce los ingresos del Estado cuando Bruselas nos presiona para reducir de una vez el déficit y la deuda. Un delicado equilibrio que dependerá, claro está, de Ribera y Bacigalupo.

Naturgy

Para rematar la faena, está el marrón de Naturgy. Está pendiente de autorización la compra de la participación del fondo GIP por Blackstone, algo bastante discutible puesto que, si el primero podía ser accionista tranquilamente, no hay motivo para que no lo sea el segundo. Pero lo mollar es el famoso Proyecto Géminis de división de la empresa en dos, una con las actividades reguladas y otra con las liberalizadas, con la idea de vender la primera y dar una salida parcial a los fondos.

Ribera se ha opuesto públicamente a este proyecto y ahora, con todo el poder en su mano, Francisco Reynés lo tiene de color hormiga.  Sin ese plan y con la división en su consejo entre La Caixa y los fondos, el futuro de la principal gasista española es de lo más incierto. Hay quien dice que lo mejor sería que alguien la comprara. Pero no se avistan candidatos, ni en Europa ni en Estados Unidos. Al menos de momento.