Más de 5.000 españoles pillados por la estafa piramidal de la compañía de cannabis JuicyFields
La supuesta estafa de la compañía de cannabis JuicyFields afecta a más de 5.000 españoles. La empresa con sede en Países Bajos ofrecía un sistema piramidal de inversión en el que, sin necesidad de documentos de identidad, se podía invertir hasta 180.000 euros a través de transferencia bancaria o con criptomonedas.
JuicyFields, que opera desde 2017, destinaba el dinero a cultivar marihuana en plantaciones, supuestamente, autorizadas en Países Bajos. Pasados unos 100 días se cosechaba la planta, se vendía para consumo medicinal y se devolvía la inversión más un beneficio de entre el 29% y el 66% adicional a la aportación inicial.
Los afectados de la presunta estafa de JuicyFields España, que ya han creado una plataforma, se pusieron en contacto con el bufete de abogados Martínez-Blanco. De los más de 5.000 españoles pillados que se calculan, un millar se han sumado a la querella que prepara el bufete. El letrado director de Martínez-Blanco, Norberto Martínez, señaló a OKDIARIO que el objetivo es presentar la querella ante la Audiencia Nacional “el miércoles o jueves de esta semana como tarde y pediremos medidas cautelares con el fin de que se puedan bloquear a la mayor brevedad posible las cuentas y bienes de los responsables de JuicyFields para pedir responsabilidades civiles”. Los abogados acudirán a la Audiencia Nacional “por tratarse de una presunta defraudación que afecta a una generalidad de personas en toda España”.
Los datos ofrecidos los expertos criptográficos de Martínez-Blanco, pues el bufete está especializado en demandas colectivas por estafadas similares a la de JuicyFields, muestran que el fraude asciende, al menos, a 9.000 millones de euros “en base a las billeteras de criptomonedas con un dinero que se está moviendo actualmente y repartiéndose en wallets que tenemos identificadas”. Desde el bufete estiman que el 30% de los afectados a nivel mundial son españoles con pérdidas de 6.500 euros de media.
Los afectados a los que Martínez-Blanco está llevando el caso, pues también se está demandando de forma particular, se dividen en dos grupos diferenciados. Por un lado, un 70%-80% de los presuntos estafados tienen “un perfil de conocimientos financieros básicos, con formación académica reducida y trabajos por cuenta ajena o asalariados mileuristas. Pero, por otro lado, hay un 20%-30% de inversores acostumbrados al riesgo que eran conscientes de la posibilidad de un ‘esquema ponzi’, pero que se decidieron a invertir porque la empresa de cannabis cumplió en el pasado con los rendimientos prometidos”. La mayor inversión que se ha encontrado Martínez-Blanco es la de una pareja que invirtieron 100.000 euros cada uno.
Afectados de América Latina (que sería la segunda geografía donde JuicyFields captó más clientes), Estados Unidos y Europa están en contacto con los afectados españoles para conocer la evolución de su causa, mientras que Martínez-Blanco ya está en conversaciones con bufetes de Alemania y Francia “para estudiar la posibilidad de una acción conjunta” contra la empresa que también tenía holdings radicados en Alemania, Chipre y Estonia.
Los inversores en la empresa de cannabis comenzaron a sospechar el lunes pasado de la posible ‘exit scam’, la consumación de la estafa por la desaparición del dinero invertido. Dicho día se les informó de que una parte de la plantilla estaba en huelga para después congelar las retiradas en efectivo. El miércoles se eliminaron todas las redes sociales y los grupos de Telegram, moderados por empleados de la compañía y en donde estaban presentes los inversores. El jueves dimitió el CEO, Willem van der Merwe, que llevaba dos meses en el cargo tras salida abrupta del anterior presidente. Y el viernes se consumó la presunta estafa de JuicyFields al no poder acceder los clientes a sus cuentas.
“El viernes nos contactaron muchos afectados, centenares, pero nada comparado a las llamadas que hemos recibido durante todo el fin de semana para informarse sobre la situación e inscribirse en la querella colectiva”, explican desde Martínez-Blanco.