La Justicia condena a Greenpeace a pagar 605 millones a una petrolera por difamación

La Justicia de Estados Unidos (EEUU) ha condenado a Greenpeace a pagar 660 millones de dólares (alrededor de 605 millones de euros) en daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer por difamación. En concreto, un jurado de Dakota del Norte declarara responsable a la ONG ecologista de difamar a la empresa por las protestas contra el oleoducto Dakota Access.

En concreto, un jurado de nueve personas ha emitido el veredicto después de un juicio que ha durado tres semanas. No obstante, Greenpeace, de origen canadiense, pero con sede en Países Bajos, no está de acuerdo con esta resolución.

Por ello, la organización ha anunciado que piensa apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte. Además, la ONG ha explicado que repartirá la indemnización a la petrolera entre sus diferentes filiales de EEUU, Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc, y su matriz internacional (Greenpeace International).

A su vez, los ecologistas, en vez de asumir los hechos, han asegurado que se utilizan los «tribunales como arma y silenciar la disidencia», poniendo el foco en que el fallo se ha dado por las protestas y obviando los daños ocasionados por la difamación.

Para ellos, el objetivo de los jueces ha sido «destruir nuestro derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión», y han aprovechado para señalar al presidente americano, Donald Trump, asegurando que él es responsable de «desmantelar las protecciones para el aire limpio, el agua y la soberanía indígena» y de «silenciar las protestas».

La verdad de Greenpeace y la petrolera

Sin embargo, la verdadera situación es otra. La petrolera afectada por Greenpeace, con sede en Dallas, demandó a esta organización por 300 millones de dólares en 2019, acusando al grupo ambientalista de planificar protestas, difundir información errónea y causarle pérdidas financieras a través de daños a la propiedad y la caída de ingresos.

El oleoducto de la disputa, de cerca de 1.900 kilómetros, cruza cuatro estados y ha estado en funcionamiento desde 2017 a pesar de las protestas derivadas de un cruce bajo el lago Oahe, cerca de una reserva indígena siux.

Greenpeace destaca por su hostilidad a este tipo de compañías, algo que afecta incluso a España. Hace un año, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, afirmó que esta ONG no era ética: «Nos están pidiendo que dejemos de producir petróleo y gas y ¿ustedes dicen que son sostenibles, sociales y éticos pidiéndonos eso?, ¿cómo va a llenar este mundo las necesidades de energía que tiene?».