«Es intolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios»

Salvador Navarro Pradas (Valencia, 1963) es el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Vicepresidente de CEOE, y Vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia entre otros muchos logros empresariales adquiridos a lo largo de su carrera.

Hemos hablado con él del otro gran frente en el que, además del sanitario, hay que combatir cuanto antes con medidas fiscales, laborales y económicas eficaces, rápidas y aplicables que ayuden a todas las empresas a superar una situación inédita que ha confinado en sus casas a millones de personas del sector privado, ya sean autónomos, pymes, o trabajadores por cuenta ajena.

P. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha agradecido el esfuerzo de todos los funcionarios, pero no sólo no hay una palabra hacia los empresarios, sino que se están imponiendo prohibiciones de despido a empresas asfixiadas que no aguantarán un mes o dos de cese de productividad y encierro. ¿Las medidas de este Gobierno se parecen en algo a la lógica de cómo funciona nuestro mercado laboral?

Se decide parar la actividad y no se publica cuáles son los sectores afectados hasta 15 minutos antes de entrar en vigor el Real Decreto que así lo regula, es incomprensible. Eso significa no conocer cómo funciona nuestro mercado laboral ni nuestro tejido empresarial. No entendemos que una medida histórica como es el parón económico del país no haya sido mejor planificada ni concertada con el sector empresarial. Tampoco que esta medida no vaya acompañada de un plan de choque para que las empresas tengan liquidez. Se hacen anuncios, pero no se aplazan tributos.

P: A partir del pasado día 28 de marzo, todos los despidos efectuados por causa de fuerza mayor (económica, técnica…etc) que hasta ahora estaban comprendidos dentro de las causas objetivas, pasan ahora a ser “improcedentes”. ¿Supone esto un aumento del coste laboral para el empresario que se ve obligado a modificar su estructura empresarial para no perder su empresa?

Supone un ataque directo al empresario, a quien poco menos que se le acusa de querer aprovecharse de la crisis sanitaria para despedir trabajadores fijos o no renovar a temporales. Es una norma que restringe severamente el derecho fundamental de libertad de empresa previsto en el artículo 38 de la Constitución Española.

P: Después de la declaración del estado de alarma y la reducción drástica y generalizada de la actividad, y por lo tanto de las ventas de las empresas, usted cree que existen ERTE que no son de fuerza mayor o todos deben ser declarados así ya que es evidente la influencia del COVID 19 en todos los casos, tanto por la reducción de jornada como por la suspensión temporal de los contratos de trabajo?

Todos los ERTE solicitados desde el 14 de marzo, que les recuerdo fue el día de la entrada en vigor de la orden de la Generalitat que prohibía la actividad de muchos sectores en nuestra Comunidad, tienen causa, directa o indirectamente, en la crisis sanitaria.

P: ¿El ERTE da respuesta a los miles de trabajadores que las empresas están manteniendo y, por miedo a contagiarse, no quieren asistir a los puestos de trabajo pero no quieren ser despedidos?

Ese supuesto no entra en las causas de solicitud de los ERTE.

P: ¿Qué medidas se deberían de aplicar inmediatamente para salvar nuestro tejido empresarial?

A la vista de la caída en picado de la actividad, el tejido empresarial requiere urgentemente de liquidez para hacer frente a sus necesidades de tesorería. El instrumento más inmediato es el aplazamiento de todas las liquidaciones tributarias que tienen las empresas, Seguros Sociales, IVA, IRPF, Sociedades… Esta medida, si existe voluntad, podría haber sido adoptada en el primero de los Reales Decretos. Pero no ha sido así. Desde la CEV insistimos en su necesidad. Algunas administraciones incluso han apoyado a ramas concretas, bonificando las cuotas tributarias, por ejemplo, en terrazas, mesas y sillas.

A continuación vienen todas las medidas “puente” para facilitar la liquidez, como son los créditos y préstamos, con cobertura de garantía pública. Una de estas medidas sí ha sido publicada, la del ICO, pero la rueda administrativa puede retrasar en más de una semana su efectiva implementación.

Una vez paliado, que no resuelto, el problema de liquidez, el tejido empresarial necesitará de otras medidas que intenten compensar el desplome de la actividad, y apoyen su pronta recuperación. Algunas de estas medidas se están instrumentando por administraciones locales y por la GVA. Nuestra percepción es que las medidas van en el sentido correcto, pero que su dotación no será suficiente. Está claro que la UE primero, y luego el Estado central, deberán dotar recursos y arbitrar líneas en este sentido. Desde la CEV estamos reivindicando este tipo de medidas, así como la agilidad en su implementación. De lo contrario, no serán eficaces y no contribuirán a salvar empresas y puestos de trabajo.

Por otro lado, es importante que reindustrialicemos el país, que recuperemos determinadas industrias y que busquemos la proximidad en todo lo que producimos. Esa deber ser la gran apuesta y el reto en el que nos debemos concentrar cuando la crisis sanitaria pase.

P: ¿Existe una demonización del sector privado por parte de este Gobierno y ese relato ficticio construido por muchos medios de comunicación según el cual se justifican las políticas redistributivas porque “España se divide en pobres, ricos y empresas del Ibex 35”? 

La reforma fiscal es una de las muchas asignaturas pendientes. Pero deberá realizarse de forma coherente en todos los ámbitos -internacional, nacional, autonómico y local-, y responder a unos objetivos transparentes y consensuados. La realidad es que en este país hay autónomos y pequeños y medianos empresarios, que son la base del tejido empresarial, y también grandes empresas, las empresas del Ibex y juntos formamos una base empresarial muy potente. No hay que despreciar a ninguna de las partes.

Los empresarios alabamos la labor que se está haciendo por parte de la sanidad pública, podemos estar orgullosos del trabajo que están realizando. Del mismo modo que es justo que se reconozca que desde las empresas privadas se está ayudando en todo lo posible. No es tolerable que desde el Gobierno de España se cuestione la ética de los empresarios. Creo claramente que el sector privado ha demostrado una vez más la solidaridad, la capacidad de actuar, y la responsabilidad que ejerce día a día en beneficios del interés general.

P: Existía un miedo evidente por parte del empresario, pequeño o grande, a la formación de un Gobierno socialcomunista por su tendencia a la destrucción del tejido empresarial y productivo. Esa destrucción es primordial para conseguir un monopolio estatal de la economía. ¿Se están cumpliendo esos temores? 

Como organización empresarial y agente social confiamos en el sistema democrático reinstaurado hace más de 40 años. Los empresarios somos parte de la sociedad civil, y con actitud proactiva y de crítica constructiva seguiremos dialogando con los distintos gobiernos, expondremos los puntos de vista del tejido empresarial y defenderemos sus intereses. Esa es la fortaleza de una gran sociedad.

P: Junto a Italia, Sánchez acaba de levantarse de la mesa ante el “bloqueo” de Alemania en relación al plan económico contra el COVID19. ¿Permiten las cuentas públicas de España y la responsabilidad de nuestros políticos a la hora de cumplirlas exigir algo a nuestros socios europeos?

Si la Unión Europea quiere mantenerse unida y en el futuro seguir siendo una pieza relevante en el tablero internacional, debe cambiar su visión sobre su misión y su responsabilidad. Las sinergias de la unión económica benefician a todos los miembros, incluso más a los que ahora se oponen a mutualizar la emisión de deuda, que es uno de los pocos instrumentos realmente capaces de financiar un gran plan de choque en Europa. De momento, la crisis sanitaria nada tiene que ver con las cuentas públicas, ni con la solvencia del tejido empresarial. Pero si no hay apoyo en todos los ámbitos, las consecuencias pueden ser desastrosas.

Ni los ciudadanos ni las empresas pueden esperar dos semanas a que lleguen nuevas propuestas desde Europa.