Los inquilinos de centros comerciales denuncian a la Justicia subidas encubiertas de la renta

Los inquilinos de los centros comerciales siguen adelante con la batalla judicial contra los propietarios de las grandes superficies. Algunas pymes están reclamando ante la Justicia que se revisen los gastos comunes que asumen como arrendatarios por considerarlos una renta encubierta y, en ocasiones, desproporcionada e injusta. Esos gastos se establecen -por lo general- en función de los metros cuadrados contratados y los decide el propietario del centro. Los gastos mensuales aglutinan conceptos que inicialmente asume el arrendador, pero que después repercuten de forma prorrateada a sus arrendatarios, como el IBI, los gastos de seguridad, o la partida de marketing, entre otros.

Varias pequeñas y medianas empresas denuncian que los gastos no se corresponden con los metros cuadrados que tienen contratados y hablan de un trato desigual entre ellos y las grandes firmas, que debido a su importancia negocian la partida de gastos en una situación mucho más ventajosa que los más pequeños. “En algunos casos a las pymes se las está cobrando cantidades que no son razonables teniendo en cuenta los metros cuadrados que tienen contratados. Por eso, algunas empresas están pidiendo que se revise los gastos comunes, ya que considera que son una renta disfrazada”, denuncian fuentes conocedoras de los procesos judiciales abiertos. Los inquilinos de los centros comerciales critican que muchas grandes marcas no pagan gastos comunes, solamente asumen la renta, lo que supone que ellos tiene que hacerse cargo de los gastos propios y, también, de los gastos de otras empresas.

“Los gastos que dejan de pagar los grandes se repercuten en las pequeñas empresas. Al final, el pequeño está pagando un gasto que no corresponde con los metros cuadrados que tiene contratados, sino que es muy superior a la que se correspondería sobre la cantidad», explican. Por eso, están pidiendo que se devuelva lo cobrado indebidamente. Las mismas fuentes reconocen que los grandes marcar son las locomotoras económicas de los centros, ya que atraen la mayor parte del trafico, pero consideran necesario que se revise la situación.

Retirar las demandas

En paralelo a esa reclamación judicial, hasta 70 pequeñas y medianas empresas de toda España han ofrecido a los grandes propietarios de centros comerciales como Klépierre, Carmila o Unibail-Rodamco retirar las demandas que han presentado durante la crisis del coronavirus si no ejecutan los avales y aceptan sus condiciones sobre el pago de los alquileres. Las pymes afectadas por los efectos económicos del coronavirus proponen pagar la renta de 2020 y 2021 en función de las ventas. También han solicitado quitas parciales por tres o cuatro meses que incluyan la posibilidad de interponer una demanda judicial si continuan los efectos de la pandemia.

Sobre las rentas variables, cada vez se están llegando a más acuerdos con esas condiciones, pero incluyen una renta mínima garantizada, lo que no termina de convencer a las pequeñas empresas que tienen grandes dificultades para llegar a fin de mes. Desde Asocimi, la patronal de las socimis, han animado recientemente a los propietarios de grandes activos inmobiliarios y a sus arrendatarios a negociar contratos con rentas variables.

«A corto plazo animo a sentarse con inquilinos y a negociar a futuro con rentas variables. Creo que las rentas variables han venido para quedarse y que hay que perderle el miedo. Nosotros ya lo estamos haciendo y creo que es un win-win para las dos partes», decía el presidente de Asocimi, Javier Basagoiti, quien reconocía que se están negociando contratos con una parte fija y otra variable, con el 100% variable y consolidable en renta fija en un tiempo determinado.

Ante la incertidumbre que generó el confinamiento derivado de la pandemia, las socimis -no solo las que gestionan centros comerciales- apostaron por llegar a acuerdos con sus inquilinos. Principalmente se aplicaron bonificaciones extraordinarias y sin retorno del 80% de la renta a todos aquellos negocios que tuvieran su actividad cerrada, a cambio de prolongaciones temporales del contrato.

Afluencia a centros comerciales

La crisis del coronavirus sigue lastrando la afluencia a los centros comerciales. En algunas comunidades autónomas, como Castilla y León, las grandes superficies están cerradas al público desde principios de noviembre. En este contexto, en el mes de octubre, las visitas a los centros comerciales se han reducido un 20,4% respecto al mismo mes del año anterior. Aún así, la tendencia de los últimos meses confirma una recuperación progresiva del tráfico de compradores. A pesar de ello,  el balance anual todavía es negativo: la afluencia bajó un 33,4%.

Según el índice mensual publicado por ShopperTrak, en abril y mayo -cuando la mayoría de centros estaban cerrados en su totalidad- la caída respecto fue superior al 80%.