El Gobierno vende a Bruselas dos propuestas contradictorias sobre la subida de las pensiones

A las continuas rectificaciones de los Reales Decretos Ley durante la pandemia (la última conocida fue la de los sectores que se pueden beneficiar sobre las escasas ayudas directas del Gobierno), se suma ahora una propuesta de reforma de las pensiones que estaría defendiendo una cosa y la contraria.

La contradicción se puede observar en el Programa de Estabilidad 2021-2024 remitido el pasado viernes a Bruselas, un papel que la UE mirará con lupa de cara al rescate europeo -vía fondos de recuperación- que recibirá España en los próximos años si cumple con una estricta «condicionalidad». Aunque desde la Seguridad Social matizan que es una diferencia únicamente técnica que el propio Gobierno aclara en el propio documento.

La reforma de la página 115…

En la página 115 el Gobierno explica así en qué basa su proyección de gasto de las pensiones: «El efecto demográfico que presiona el gasto al alza se concentrará en las tres próximas décadas y es consecuencia de la jubilación de las cohortes de trabajadores del baby boom y del incremento de la tasa de dependencia. Con efecto opuesto, se proyecta una caída de la tasa de sustitución desde el 60% en 2019 hasta el entorno del 30% en 2070. Esta caída paliaría el efecto demográfico hasta 2050 y lo compensaría en las dos últimas décadas, con la caída del gasto en pensiones sobre el PIB apuntada. La caída de la tasa de sustitución es el resultado, entre otros factores, del efecto del IRP (que se estima se mantenga en el suelo del 0,25% durante todo el horizonte de proyección), del factor de sostenibilidad y del incremento del número de pensionistas cuya pensión se proyecta que quede topada por el nivel de la pensión máxima».

Es decir, que el Gobierno parte de la base de que la reforma de las pensiones de 2013 del PP seguirán en vigor «durante todo el horizonte de proyección». Es decir, que las pensiones se actualizarían únicamente un 0,25% en el futuro.

En la página 114 y en la 115, antes de hacer esta explicación, el Gobierno hace la siguiente matización en el Programa de Estabilidad: «El gasto en pensiones se ha proyectado estimando el efecto del despliegue completo de la reforma paramétrica de las pensiones de 2011 hasta el año 2027 y aplicando el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) desde el año 2022 y el factor de sostenibilidad desde 2023 . Para cumplir con el principio de legislación constante que deben aplicar todos los Estados miembros son necesarios estos supuestos, aunque se da la paradoja de que difieren del curso de acción acordado recientemente en el marco del diálogo social, siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo, de asegurar el poder adquisitivo de las pensiones, derogando el IRP».

Según los cálculos del Gobierno, gracias a la reforma del PP, se conseguiría reducir el gasto en pensiones del 24,5% del PIB que alcanzaría en 2050 al 21,9% en 2070. Este índice de revalorización que sube las pensiones solo un 0,25% ya no se está aplicando en la actualidad por lo que la proyección de gasto que se envía a Bruselas ya es papel mojado.

… Y la de la página 65

Sólo hay que retroceder unas cuantas páginas (de la 115 a la 65) para ver que el IRP será papel mojado, aunque la proyección de gasto a largo plazo incluida en el Programa de Estabilidad 2021-2024 sí que tiene en cuenta este índice de revalorización: «A partir de 2022 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios». Es decir, que en esta página el Ejecutivo vende a Bruselas la subida de las pensiones con la inflación y no el índice de revalorización que planteó el PP cuando gobernaba para garantizar la sostenibilidad futura de la Seguridad Social. Ninguna proyección de gasto especifica en el documento qué pasaría en este caso.

La crisis en las cuentas de la Seguridad Social se ha agravado por la pandemia pero ya sufría antes como consecuencia del proceso de envejecimiento de la sociedad española, el lento crecimiento de la natalidad y el paro excesivamente elevado que sufre la economía nacional en comparación con el resto de socios europeos.

La Seguridad Social, en concreto, cerró 2020, el primer año de la pandemia, con un déficit récord de 20.000 millones de euros a pesar de que fue rescatada por el Gobierno con 30.0000 millones de euros porque las cotizaciones sociales no dan desde hace tiempo para pagar las pensiones, un indicador que ayuda a ver la fortaleza o debilidad de las cuentas de este pilar del Estado del Bienestar. Los ingresos ascendieron a 152.044 millones de euros y los gastos a 171.883.