El Gobierno presume de récord de vivienda protegida pero las entregas reales siguen bajo mínimos

Según el Gobierno de Pedro Sánchez, las viviendas protegidas registraron en el año 2024 «grandes crecimientos y los mejores datos de los últimos años». Así lo recoge el Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS) publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Sin embargo, las afirmaciones del ministerio son muy exageradas teniendo en cuenta que el «gran crecimiento» de las VPO se debe a que partía de unas cifras muy bajas.

En concreto, la calificaciones definitivas de Vivienda de Protección Oficial (VPO) fueron 14.371 en 2024, lo que supone un 62,4% más que en 2023. Por otro lado, se concedieron 23.967 calificaciones provisionales, un 94,8% más con respecto a 2023, el mayor dato de los últimos 13 años.

Si bien estos porcentajes parecen muy positivos, hay que tener en cuenta que las cifras de base son muy bajas. En 2023 sólo se calificaron 8.800 viviendas protegidas definitivas. Son cifras escasas teniendo en cuenta la promesa que Pedro Sánchez hizo durante su campaña electoral de 2023 de construir 185.000 viviendas protegidas. Por ello, un crecimiento de entre el 60 y el 90% no implica la cobertura de la oferta necesaria para aliviar la crisis del sector inmobiliario.

Por otro lado, cuando hablamos de 14.372 viviendas protegidas definitivas, hay que tener en cuenta que el número de viviendas de obra nueva terminadas asciende a 100.980. Es decir, que la vivienda protegida representa apenas un 14% del total de viviendas nuevas terminadas y el grueso sigue siendo vivienda libre, cuyos precios siguen siendo tan elevados que resultan inaccesibles para buena parte de la población.

Además, el OVS habla de iniciaciones y calificaciones, no entregas. Es decir, el informe habla de calificaciones provisionales y definitivas, pero no de entregas reales de viviendas protegidas.

También se destacan las viviendas «iniciadas», pero el iniciar la construcción de una vivienda no es entregar una vivienda. Muchas de las obras iniciadas pueden retrasarse o quedar paralizadas durante años. Esto puede alterar la visión de actividad real en relación a las VPO. La ciudadanía necesita viviendas construidas a las que pueda acceder, no licencias otorgadas.

Se menciona que la rehabilitación alcanzó un volumen récord de negocio: 32.941,5 millones de euros (+11%). El truco es que se mide en euros, no en impacto social. No sabemos cuántas viviendas se rehabilitaron ni si mejoraron el acceso o la eficiencia energética para hogares vulnerables. Podrían ser pocas actuaciones, pero muy caras.

Sobre el papel, la Ley de Vivienda tenía el fin de limitar los precios en ciertas zonas donde el mercado inmobiliario estaba tensionado. No obstante, en la práctica, la aplicación de la Ley de Vivienda ha provocado el aumento del 24% del precio del alquiler y una caída de la oferta de viviendas para alquiler permanente en un 17%.

Las viviendas protegidas de Sánchez

Dicho de otra forma, la Ley no sólo se ha demostrado ineficiente, sino que además ha tenido el efecto contrario con la disminución de la oferta y el aumento de los precios.

Por otra parte, en el informe se emplean datos de declaraciones tributarias. No obstante, muchos de los contratos de alquiler no están registrados o se pagan parcialmente en negro, por lo que, el aumento de las transacciones no implica necesariamente que el acceso a la vivienda sea mayor.

Igualmente, el informe señala que en 2024 se produjeron 715.429 compraventas de vivienda, lo que implica un aumento del 12% respecto a 2023. Aunque la cifra puede parecer positiva, el hecho de que haya más transacciones no implica que haya mejor acceso a la vivienda, sino más movimiento de dinero.

En la mayoría de los casos puede ser resultado de compras de inversores institucionales o grandes propietarios, el aumento de compraventas de segunda mano, un mayor endeudamiento por falta de un alquiler asequible…

En definitiva, el OVS presenta los datos de manera parcial y poco crítica. A través del uso de porcentajes altos desde cifras bajas; el énfasis en licencias, no viviendas entregadas; la medición monetaria, y no en personas u hogares, y la ausencia de datos sobre precios reales o acceso social permiten al Ministerio de Vivienda exponer como un logro del Gobierno lo que en realidad son unos datos preocupantes.