La construcción de viviendas de protección oficial se desploma en 2025 pese a las promesas de Sánchez

Durante el primer trimestre de 2025, han sido aprobadas 2.497 viviendas de protección oficial (VPO) en España. Esta cifra representa una disminución del 3,52% respecto al mismo periodo del año 2024. Esto resulta cuanto menos llamativo, si recordamos que Pedro Sánchez prometió durante su campaña en 2023 construir 185 mil viviendas públicas y de alquiler asequible. De ese total, a día de hoy, sólo ha entregado un 5%. La ciudadanía de nuestro país, cuyos jóvenes tienen que ahorrar hasta 24 años para pagar la entrada de una casa, sigue esperando que el Ejecutivo socialista cumpla con su promesa respecto a la vivienda protegida.

En concreto, el pasado mes de enero se calificaron un total de 505 viviendas protegidas. En el mes de febrero, el total fue de 966 casas de protección oficial y en marzo fueron 1.026 las viviendas con calificaciones definitivas de protegidas del Estado español.

Por su parte, el número de viviendas libres iniciadas en el primer trimestre fue de 31.179 unidades, un 11,5% más, mientras que las terminadas fueron un total de 18.642, un 7,92% menos.

Por regiones, la Comunidad de Madrid fue donde más viviendas de protección oficial (VPO) se registraron, con 1.197 inmuebles protegidos entre los meses de enero y marzo. Le sigue Cataluña (467 unidades) y Andalucía (390 unidades).

Por otro lado, en seis comunidades autónomas: Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y La Rioja, así como en Ceuta y Melilla, no se calificó ninguna VPO en el primer trimestre de este año.

Los promotores privados y la vivienda

Si distinguimos por tipo de promotores, el 85% del total de la vivienda protegida, que asciende a 2.125, fueron de promotores privados, mientras que el 15%, unas 372 viviendas fueron promovidas por entidades públicas, ya sea a través de planes a nivel autonómico o del Gobierno central.

En comparación a 2024, las viviendas protegidas del sector privado han aumentado un 3,26%, mientras que las VPO del sector público disminuyeron un 29,8%. Así, parece que las promotoras privadas dirigen la recuperación del mercado inmobiliario, y no el Ejecutivo que prometió hacerlo 2 años atrás.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, en un intento de no asumir la falta de eficacia de su intervención, recuerda que la metodología de esta estadística no recoge en su conceptualización de vivienda protegida la totalidad de viviendas públicas, como por ejemplo las viviendas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El problema de la vivienda en España

El sector de la vivienda en España experimenta problemas de turistificación, escasez de vivienda social, y especulación en zonas urbanas. Estas problemáticas derivan en que el  precio del alquiler ya supera los 14 euros el metro cuadrado, y los españoles ya destinan de media un 36% de sus ingresos al alquiler. Aunque, hay regiones, como Barcelona, en la que el porcentaje asciende al 49%.

Según el portal inmobiliario Idealista, los precios de la vivienda en España han subido, entre el tercer trimestre de 2017 y el primer trimestre de 2024, un 53%. Por su parte, el Ejecutivo de Sánchez impuso la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo de 2023, que lejos de mejorar la situación, ha provocado el aumento del 24% del precio del alquiler y una caída de la oferta de viviendas para alquiler permanente en un 17%.

Tal y como establece el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una encuesta que recoge la opinión de la ciudadanía sobre los principales problemas del país, la vivienda es el principal problema de España. Esta cuestión lidera la lista por séptimo mes consecutivo, con un 32,5% de los encuestados en el mes de junio, y se anota su segundo máximo histórico, sólo por detrás de febrero de 2025, cuando el porcentaje ascendía al 34,1%.

La crisis de la vivienda en España se ha convertido en una amenaza directa al bienestar de la ciudadanía, especialmente los jóvenes, que no pueden comprar ni alquilar una casa digna. La intervención del Estado, lejos de solucionar el problema, lo agrava con políticas ineficaces o de efecto inverso, trabas burocráticas y una criminalización del propietario.

En 2024 se registraron 17.274 denuncias por okupación, una práctica que  sigue impune y genera inseguridad jurídica, lo que provoca la paralización del mercado. Es urgente fomentar la protección de la propiedad privada, facilitar la construcción y dejar de demonizar al inversor. Sin un cambio radical en el enfoque con el que se está tratando la crisis del sector, el acceso a la vivienda seguirá siendo un lujo y no un derecho.