El Gobierno se inclina por aprobar la entrada de STC en Telefónica: «No hay razones para oponerse»

El Gobierno tiene previsto autorizar la compra del 10% de Telefónica por parte de STC Group (Saudi Telecom), a pesar de la oposición de Podemos a la operación, según confirman fuentes gubernamentales a OKDIARIO. Pero examinará seriamente los detalles de la misma. «El Gobierno no ve motivos para tumbar la entrada de los saudíes en Telefónica, por lo que su intención es dar su visto bueno», señalan estas fuentes. «Ahora bien, al tratarse de un asunto que afecta a la seguridad y a la defensa nacionales, tiene que examinarlo con detalle y, sobre todo, dar la imagen de que se lo ha tomado en serio», añaden.

Fuentes del sector considera que el Gobierno «no puede esgrimir razones de defensa para vetar la entrada de STC cuando está vendiendo armas y buques de guerra a Arabia Saudí». Como informó OKDIARIO, superar el 5% del capital de Telefónica requiere la autorización gubernamental, en concreto del Ministerio de Defensa, al ser contratista de este departamento para asuntos de ciberseguridad y de comunicaciones.

Por ello, se acoge a una excepción del Decreto que regula el escudo antiopas que rebaja del 10% (el porcentaje para el resto de sectores estratégicos) al 5% la exigencia de permiso gubernamental en casos que afecten a Defensa. En consecuencia, el 4,9% que ya ha adquirido en acciones STC en Telefónica no requiere ninguna autorización, sino que se aplicaría al 5% restante que la operadora árabe tiene contratado a través de un derivado.

Si finalmente el Ejecutivo convierte en realidad estas intenciones, la parte socialista del mismo se impondrá a la de Podemos, que se ha posicionado tajantemente en contra de la operación. Así, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, advirtió el viernes de que «no se puede consentir» la compra del 10% de Telefónica por STC y que trabajará «para evitar que se produzca».

Pero el sábado le contestó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, con el argumento de que «la inversión extranjera es muy importante para el crecimiento económico y la modernización tecnológica de nuestro país», con lo que al menos abría la puerta a la aprobación. En todo caso, la versión oficial es que estudiarán con rigor todos los aspectos antes de pronunciarse.

Y para ello necesitan que STC remita una documentación detallada sobre sus intenciones con la entrada en Telefónica, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. A partir de ese momento, el Ejecutivo tiene un plazo de tres meses para contestar, aunque puede alargarse si requiere información adicional a la compañía saudí.

Por otro lado, las fuentes del sector aseguran que las empresas no pueden informar a sus consejeros de todas sus operaciones cuando éstas están sometidas a contratos de confidencialidad, como sería el caso de los contratos de Telefónica con Defensa. Es decir, STC no tendría acceso a información sensible para la seguridad del Estado aunque entre en el consejo de la compañía, como es previsible.

¿A qué servicios accedería STC?

La información a la que podría acceder STC si no existieran esos compromisos de confidencialidad serían la red de comunicaciones militares de la Armada española, el sistema de satélites del que dependen las operaciones de nuestro Ejército dentro y fuera de España, los dispositivos de defensa contra drones hostiles que depende del Ministerio del interior, servicios tecnológicos avanzados de los que se nutre el escudo de la ciberseguridad estatal que depende del Incibe o las redes tecnológicas que usan los servicios antiblanqueo de capitales que trabajan en el Banco de España.

Todos esos contratos públicos en ámbitos estratégicos le han sido adjudicados por el Gobierno al grupo Telefónica, tanto a su matriz como a sociedades bajo su control, caso de Telefónica Ingeniería de Seguridad o de Telefónica Soluciones de Informática y cuando los saudíes ultimaban la compra del 9,9% de la gran teleco española.