El Gobierno extiende la moratoria a los concursos hasta marzo para evitar un ‘precipicio’ de quiebras

El Gobierno maniobra ‘in extremis’ para evitar un precipicio de concursos de acreedores después del 31 de diciembre de este año, cuando estaba previsto que se levantara la moratoria para solicitar concursos de acreedores que el Gobierno estableció a principios de la pandemia cuando suspendió la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario) hasta el 31 de diciembre de 2020 e impidió que sus acreedores pudieran realizar la solicitud antes de esta fecha (concurso necesario).

Ahora, mediante un Real Decreto Ley del Gobierno que actúa como ‘cajón de sastre’ de varias iniciativas, el Ministerio de Economía establece una ampliación a la moratoria concursal hasta el 14 de marzo, con el objetivo de evitar el ‘efecto precipicio’ a partir del cual todas las empresas que no tuvieran ingresos solicitarían el concurso de acreedores una vez que se permitiera por parte de la autoridad.

De igual modo se prolongan hasta el 31 de enero la petición de que los jueces inadmitan a trámite las solicitudes de concursos de acreedores. De este modo, el juez deberá suspender la tramitación del procedimiento concursal para empresas.

Empresas ‘zombies’

La ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño ha sido preguntada sobre la necesidad de ampliar la moratoria lo que supone en cierto modo, ampliar la situación de las empresas ‘zombies’ con una mala situación económica para que sigan sin quebrar. «Comparto al 100% lo que dice el Banco de España pero estamos en un contexto transitorio que no refleja la situación real de las empresas», ha dicho Calviño, para quien «esta decisión quiere apoyar a empresas solventes, permitiéndoles la reestructuración de su deuda, protegiendo así el tejido productivo que hasta ahora hemos ido manteniendo», explica.

Calviño ha incidido en que estamos en una situación «excepcional» y también ha señalado que el Gobierno va a modernizar el régimen concursal en un trabajo que está realizando conjuntamente el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia.

Coste de los concursos

El motivo para retrasar este plazo, según fuentes próximas al Gobierno, es que la declaración de concurso tiene unos efectos jurídicos y administrativos en la vida de la empresa y la incorpora en un procedimiento que tiene costes de gestión. Aunque se puede llegar a un convenio con acreedores puede llevar a la liquidación de la empresa.

Así, una empresa viable, pero sufriendo por la pandemia porque sus servicios están dañados como la hostelería o los gimnasios, no se verá abocada a un procedimiento que pueda acabar con la empresa y generar el efecto precipicio, opinan desde el Ejecutivo.

La ampliación de plazo, dice, es moderada y consiste en una «patada hacia adelante» para ver si en primavera la situación económica es mejor y se pueden evitar los quiebres, sobre todo si se produce una reactivación de la actividad turística y comercial.

En cualquier caso, será el propio empresario el que deberá calcular si considera que su empresa es inviable o no por motivos de la pandemia o por otras circunstancias. Y así poder pedir la tramitación del concurso.