El Gobierno aprueba la Ley de Empleo: transformará el SEPE en Agencia Estatal de Empleo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Empleo, que contempla la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo. Así, el Gobierno cambiará su gestión y funcionamiento. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo que habrá un plazo de seis meses para ejecutar esa transformación y ha asegurado que se va a cumplir.

«Si hay un servicio público conocido en nuestro país, es el SEPE, y es una de las grandes demandas de los ciudadanos de nuestro país», ha dicho Díaz, y ha añadido que la transformación incluirá digitalización, modernización e incorporación de nuevas metodologías.

La nueva Agencia Estatal de Empleo contará con «dos grandes unidades», una destinada a analizar los datos y otra unidad descentralizada de datos, que contara con big data e inteligencia artificial.

Esta Ley de Empleo pretende ser «una norma marco de las políticas públicas de empleo» y se regirá por los principios de no discriminación en el acceso y consolidación del empleo, transparencia y eficiencia en el diseño y ejecución, según ha informado el Ministerio de Trabajo.

Para todos los trabajadores

Es una norma «que tiene una mirada europea del empleo, desde la concepción de nuestro país, para adecuarnos y homologarnos a los niveles de Europa y mejorar el concepto de empleabilidad, nunca acertado en nuestro país», ha comentado la ministra.

Esta nueva normativa «cambia la mirada», de forma que no se dirigirá únicamente a los demandantes de empleo, sino también a trabajadores en activo que quieran mejorar su posición en las empresas y favorecer su vida laboral.

De esta forma, se ampliarán los colectivos de atención prioritaria, que incluirán a personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas, y trabajadores provenientes de sectores en reestructuración.