Giro de 180 grados en los alquileres: el dinero que te podrá subir tu casero a partir de este día

En España, ante la creciente demanda de vivienda y la inflación, muchos inquilinos se cuestionan sobre la legalidad del incremento en el precio del alquiler. En este contexto, la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) han establecido límites claros para proteger los derechos de los inquilinos. En 2024, los propietarios pueden incrementar los alquileres hasta un máximo del 3% en las renovaciones anuales, en comparación con el límite del 2% que estuvo vigente en 2023. Esto implica que, por ejemplo, si un inquilino paga 1.000 euros al mes, el nuevo alquiler podría ser de hasta 1.030 euros, es decir, 30 euros más al mes.

A partir de 2025, se introducirá un nuevo índice de referencia para las subidas de alquiler que será más estable e inferior al IPC. Para los contratos anteriores a la Ley de Vivienda, cualquier aumento debe ajustarse a lo pactado en el contrato original, pero el nuevo límite del 3% se sigue aplicando. La ley también prohíbe que los propietarios impongan gastos no acordados, como tasas de basura o gastos de comunidad, al inquilino. Aunque algunos propietarios han intentado evadir estas restricciones mediante contratos de alquiler por temporada, estas prácticas pueden ser ilegales y, por ende, denunciadas ante las autoridades. En caso de un incremento irregular, los inquilinos tienen derecho a rechazar la subida y buscar asesoramiento legal.

Precio del alquiler de la vivienda en 2025

El mercado de alquiler en España sigue experimentando un aumento significativo en los precios. En agosto de 2024, el precio medio del alquiler alcanzó los 13,1 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 9,8% en comparación con el año anterior.

Esto implica que alquiler un piso de 80 metros cuadrados cuesta aproximadamente 1.048 euros, casi el doble de lo que se pagaba en 2014, cuando el alquiler promedio era de 553 euros. Esta escalada en los precios se debe en gran medida a los nuevos contratos de arrendamiento, ya que la Ley de Vivienda limita las subidas a un 3% para los contratos existentes.

Aprobada el 26 de mayo de 2023, la Ley de Vivienda introdujo varias medidas, incluida la restricción de aumentos de precios en los alquileres. En 2023, el incremento máximo se fijó en un 2%, mientras que para 2024 se estableció un 3%. Sin embargo, los propietarios podrán fijar el precio que consideren apropiado al poner su vivienda en alquiler, a menos que su comunidad autónoma declare la zona como tensionada. En este caso, el precio de referencia se basará en el último contrato más un ajuste del 3%.

De cara a 2025, se prevén cambios en la forma en que se actualizan los precios de los alquileres. La Ley de Vivienda establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) debe definir un nuevo índice de referencia antes del 31 de diciembre de 2024. Este nuevo índice, que todavía no se ha determinado, reemplazará al IPC.

Asimismo, la nueva normativa también contempla la posibilidad de que los aumentos de alquiler sean acumulativos. Es decir, si no se incrementa el alquiler en 2024, podría aplicarse un ajuste mayor en 2025.

Actualización de la renta

Según el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el precio del alquiler se puede actualizar anualmente durante la vigencia del contrato, siempre que esto se haya acordado expresamente entre las partes. En caso de que no se establezca una metodología de referencia, se aplicará la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad (IGC) correspondiente al último índice publicado en el momento de la renovación del contrato.

Si no se pacta una actualización, el precio del alquiler permanecerá fijo durante la duración del contrato. Aunque el IPC ha sido el indicador más utilizado para ajustar los alquileres, la nueva normativa desvincula los contratos de arrendamiento firmados entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de diciembre de 2024 del IPC, limitando cualquier aumento a un máximo del 3%. Este límite se establece en la Disposición final 6º de la Ley de Vivienda.

Desahucios y familias vulnerables

Por otro lado, una de las principales dudas para 2025 es la posible continuación de la suspensión de desahucios para familias en situación de vulnerabilidad. Durante 2024, ha estado vigente esta meduda, protegiendo a aquellas que atraviesan dificultades económicas. El real decreto aprobado en diciembre de 2023 establece que esta suspensión se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2024, pero no se ha definido si se extenderá más allá de esa fecha.

Además, el decreto contempla una compensación para los propietarios afectados por la imposibilidad de desalojar a inquilinos vulnerables. Esta compensación, disponible para solicitar hasta el 31 de enero de 2025, busca mitigar las pérdidas económicas que enfrentan los propietarios debido a la situación legal.

En resumen, el año 2025 promete ser un periodo desafiante, con importantes cambios en el índice de actualización de los alquileres y en la regulación de los desahucios que podrían impactar significativamente al mercado inmobiliario. Estos ajustes tendrán repercusiones tanto para propietarios como para inquilinos, quienes deberán adaptarse a las nuevas normativas y circunstancias.