El fraude de los dividendos, la incompetencia de Hacienda y la inacción de BME y CNMV

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 23/02/2025 06:45
  • Actualizado: 23/02/2025 06:45

OKDIARIO ha destapado esta semana el que puede ser el mayor fraude fiscal de la historia de España (en realidad, la suma de muchos fraudes individuales) mediante el llamado «lavado de dividendos». Hacienda se ha puesto a investigarlo por fin después de que estallara el escándalo en Alemania en 2018, que ya ha llovido.

Y eso después de recibir una denuncia presentada ante la Fiscalía General. Que si no, nuestra ministra María Jesús Montero seguiría enseñando cómo tributar en Portugal al hermano de Pedro Sánchez y sin enterarse de un fraude fiscal que puede alcanzar tranquilamente 50.000 millones de euros. Menudo papelón el de Montero, de la que, que no lo olvidemos, depende la SEPI, enfrascada en el hundimiento de Duro Felguera.

Pero además, las pesquisas iniciadas por la Agencia Tributaria van desencaminadas. De momento, están preguntando a las entidades financieras, concepto que incluye a bancos, brokers, bancos privados (gestores de altos patrimonios), fondos de inversión y de pensiones, aseguradoras, etc.

Los implicados no se van a delatar

Pero, como ha explicado este periódico, este fraude fiscal necesita un intermediario, que es ese banco o broker, para poner en contacto al que vende las acciones y al que las compra para cobrar el dividendo sin tributar (y luego se las vuelve a revender). Es más, en muchas ocasiones es la propia entidad la que hace el papel de contraparte; técnicamente, financia la operación.

Por tanto, pedir a las entidades financieras que identifiquen las operaciones sospechosas es como preguntar a la Federación Española de Fútbol si Munuera Montero tiene conflictos de interés al tener una empresa que trabaja para los clubes que arbitra. Si son parte implicada, ¿cómo van a delatarse a sí mismos?

Por eso, la investigación tiene que ir por otros derroteros: debe preguntar a quienes tienen obligación de tener esa información y de proporcionársela. Es decir, BME (Bolsas y Mercados Españoles, el dueño de la Bolsa) y la CNMV, la ‘policía de la Bolsa’.

Cooperador necesario

BME es el lugar donde se hacen estas trapacerías, donde se ponen de acuerdo las dos partes y donde ejecutan las compraventas de acciones, normalmente acompañadas por futuros sobre acciones. Por supuesto, el intermediario utiliza las llamadas cuentas ómnibus donde no se identifica a los titulares, y donde las operaciones se netean entre sí; ese neto es lo que se presenta al mercado.

Pero BME tiene capacidad para identificar quiénes realizan estas operaciones. Desde el holding de las Bolsas, se justifican diciendo que ellos son una mera plataforma y no son responsables de lo que la gente haga en ella. Lo cual no es totalmente cierto.

El Reglamento europeo sobre el Abuso de Mercado establece que los operadores de mercados y las empresas de inversión que gestionan un centro de negociación deben contar con sistemas y procedimientos efectivos para detectar y notificar órdenes y transacciones que puedan constituir abuso de mercado, como la manipulación de mercado o el uso de información privilegiada. Ahí también entraría el fraude fiscal. Y existen otras normas europeas aplicables a BME en este caso.

El mercado europeo de futuros Eurex (donde también se realizan estas operaciones) emitió en 2023 una circular en la que establece que «los participantes (o sus representantes) de la infraestructura (de Eurex), de los productos y de los servicios proporcionados por Eurex Frankfurt AG y Eurex Deutschland no infringirán ni contribuirán a la infracción de ninguna ley penal, incluidas las leyes fiscales penales aplicables al participante o sus representantes».

Por tanto, BME y Eurex deberían haber evitado el uso de sus plataformas para el lavado de dividendos. Es decir, no son culpables pero sí cooperadores necesarios en este fraude. Por eso, deberían ponerse inmediatamente a disposición de Hacienda para destapar todo lo posible.

¿Y la CNMV?

Y luego tenemos a la CNMV, que se quita el muerto de encima diciendo que es «un asunto fiscal». Claro que lo es, pero nace el incumplimiento de las normas de abuso de mercado que sí son su competencia. Y, de nuevo, debería colaborar para identificar a los infractores. No es ningún secreto la opinión que esta columna tiene de la CNMV, así que no tengan demasiadas esperanzas.

Estamos hablando de muchos millones (46.800 a ojo de buen cubero y tirando por lo bajo) y de muchos años. Por tanto, es más que probable que el grueso del sistema financiero español haya estado implicado en algún momento de una u otra forma. Como lo estuvo en los Papeles de Panamá. Pero si queremos ser un país serio, habrá que identificar a las entidades y sancionarlas adecuadamente. Y, sobre todo, que los culpables devuelvan el dinero defraudado.

Los inspectores de Hacienda son gente seria, aunque no cuentan con medios suficientes para investigar y, sobre todo, tienen una dirección política que está más pendiente de tapar los múltiples escándalos del Gobierno que de luchar contra el fraude fiscal. Pero si investigan en la dirección adecuada, seguro que encuentran. Ojalá sea así.