Hacienda investiga el que sería el mayor fraude de la historia: 35.000 millones en «lavados de dividendo»

Hacienda está investigando a gran parte del sector financiero español por el que sería el mayor fraude fiscal de la historia de España, cercano a 35.000 millones de euros, según fuentes conocedoras de la situación. La Agencia Tributaria ha iniciado las pesquisas a raíz de varias denuncias que le ha reenviado la Fiscalía General del Estado.

La investigación podría extenderse a unas 60 entidades financieras, entre bancos, brokers, gestoras de fondos de inversión y de pensiones, bancos privados, etc, tanto españoles como extranjeros. Los 35.000 millones defraudados serían la suma de miles de fraudes individuales cometidos a lo largo de casi 20 años mediante la operativa conocida como «lavado de dividendo» o «lavado de cupón», que en este caso corresponde al llamado «esquema cum/cum».

Un portavoz de la Agencia Tributaria afirma que «todas las denuncias que se reciben se analizan». En este caso, la Fiscalía le remitió la denuncia y la documentación aportada, y la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT ha mantenido reuniones con los denunciantes sobre este asunto.

¿En qué consiste el fraude?

Este fraude fiscal consiste en que un accionista de una empresa cotizada, que está sometido a retención y tributación (19% si es residente en España o 15% en otros casos), vende sus títulos a otra entidad que está exenta de esa tributación unos días antes de cobrar el dividendo. Ese dividendo lo ingresa esa entidad sin tributar y después se deshace la operación: el accionista original recompra sus títulos y recibe el dividendo íntegro sin haber tributado, salvo una comisión que se queda su cómplice.

Para recibir ese dividendo, se utiliza un derivado (un futuro) que también sirve para garantizar el buen fin de la operación. El accionista, a la vez que vende sus títulos, compra un futuro sobre las mismas acciones. De esta forma, ambos se aseguran contra un posible incumplimiento y, además, se cubren de las variaciones del precio de las acciones vendidas -si no lo hicieran, ese movimiento favorecería a una parte y perjudicaría a otra-. Cuando se ha cobrado el dividendo, el accionista vende el futuro a un precio menor que el dinero que recibió al vender sus acciones; ese remanente que le queda es equivalente al dividendo menos la comisión que cobra su cómplice.

En todas estas operaciones es precisa la participación de un intermediario, y ahí es donde entran las entidades financieras. Al menos, con ese papel, porque en muchos casos también participan financiando la operativa y reciben parte de los beneficios, siempre según las fuentes. Cabe recordar que las entidades financieras españolas no están sometidas a retención fiscal por los dividendos cobrados en España. En todo caso, deben llevar un registro de estas operaciones que están obligadas a facilitar a Hacienda si se lo requiere.

Ésa es la operativa básica de lavado de dividendo, si bien este fraude fiscal suele ser más complejo para obtener mayor beneficio y para dejar el menor rastro posible. Como ejemplos de entidades que están exentas de tributar por los dividendos y que se usan para esta operativa, podemos citar también a vehículos domiciliados en Luxemburgo o fondos de pensiones alemanes (o de otro país que tenga convenio con España para evitar la doble imposición).

Fraude europeo

Este esquema conocido como «cum/cum» se utiliza en todos los países europeos y fue descubierto por las autoridades alemanas en 2018. Entonces, estimaron que la cantidad defraudada podría ascender a 150.000 millones de euros en toda la UE, aunque el principal investigador de este asunto, el profesor Christoph Spengel de la Universidad de Mannheim, considera que puede ser mucho mayor. Este profesor identificó al menos a 130 entidades financieras colaboradoras de este fraude fiscal a nivel europeo.

A raíz de estas investigaciones en Alemania, varios países europeos pusieron en marcha las suyas para descubrir a los implicados en el fraude, pero en España Hacienda no había actuado hasta que ha recibido las citadas denuncias.

La cifra final que se pueda descubrir del fraude está por determinar. La estimación de cerca de 35.000 millones procede de que, en el periodo entre 2000 y 2020, se pagaron 470.000 millones en dividendos en España. El 75,6% de esos dividendos, es decir, 355.000 millones, se pagaron a accionistas no residentes. El profesor Spengel asume que únicamente el 50% de ese volumen, 177.600 millones, se hizo en operaciones cum/cum . Si esos dividendos hubiesen pagado el impuesto del 15%, se habrían generado unos ingresos a la Hacienda Pública de 26.600 millones de euros. A esto hay que sumar otros 7.700 millones de retenciones no practicadas a entidades extranjeras que habrían utilizado a firmas españolas para no tributar. En total, 34.300 millones.