Fomento convocará un concurso para que Abertis siga gestionando las autopistas que vencen

El Ministerio de Fomento tiene sobre la mesa una propuesta para convocar un concurso que permita a Abertis seguir gestionando los tramos de autopista que opera en la actualidad y que vencen a partir del próximo año, lo que obligaría a la empresa italiana Atlantia a elevar el precio de su Oferta Pública de Adquisición (OPA) con la que pretende adquirir el grupo de concesiones español para incorporarlo a su estructura de negocio.

Según han confirmado fuentes del sector de las infraestructuras, el departamento que dirige Íñigo de la Serna “estudia muy seriamente” esta opción, ya que permitiría solucionar dos problemas: por un lado dificultaría el éxito de la ofensiva de la familia Benetton para comprar Abertis y, por otro, permitiría liberar a las arcas públicas de las necesarias inversiones para mantener estas vías.

En concreto, se trata dela AP-1 Burgos-Armiñón (que vence en 2018), la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz (vencen en 2019) y de dos tramos de la AP-7 (La Junquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (vencen en 2021).

Hasta ahora el Ministerio de Fomento ha descartado permitir a Abertis prolongar el plazo de la gestión a cambio de inversiones, a pesar de que es un modelo que la empresa española desarrolla en Francia (denominado Plan Relance) y que está teniendo un buen resultado tanto para la compañía como para el sector público galo.

“Una solución intermedia, entre la ampliación directa y la eliminación del peaje es convocar un concurso público que exija a las empresas interesadas una serie de características técnicas y económicas que sólo pueda cumplir Abertis”, indican las fuentes consultadas.

Esta opción es del agrado de Criteria, que es el principal accionista de Abertis y el que tiene la llave –junto con el Gobierno– de que triunfe o fracase la OPA de Atlantia. Si la concesionaria española logra los contratos para seguir operando las citadas vías entonces aumentará el valor de la compañía y, por tanto, el grupo italiano deberá aumentar el precio ofertado por encima de los 16,5 euros por título, un importe que el mercado considera insuficiente.

De la Serna ha sido uno de los representantes del Gobierno que más incidencia ha hecho en la necesidad de que el Estado utilice los instrumentos a su disposición para “garantizar el interés general” en la operación de compra de Abertis y esta sería una forma de intervenir con herramientas legales. Las fuentes consultadas indican que al Ejecutivo no le gusta la posibilidad de que Abertis pase a manos italianas y que el objetivo es mantener el statu quo actual.

Si Atlantia logra superar todos estos escollos y tiene éxito al integrar Abertis la compañía resultante tendrá un volumen de negocio cercano a los 10.000 millones de euros. Barcelona seguirá siendo la sede principal del grupo resultante, que sufrirá importantes cambios corporativos en caso de cerrarse la OPA: el actual consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, tendrá que dejar su puesto.