El exceso de regulación por parte del Gobierno cuesta a los españoles 70.000 millones de euros al año

El exceso de regulación y de burocracia en España que impone el Gobierno de Pedro Sánchez y los Ejecutivos regionales generan un gasto anual de 70.000 millones de euros. Así se desprende del informe La curva de Laffer regulatoria elaborado por el Instituto Juan de Mariana y al que OKDIARIO ha tenido acceso en primicia. El estudio tiene en cuenta los «recursos que se detraen de la inversión productiva y del consumo de los hogares, pero que no aparecen explícitamente reflejados en ninguna contabilidad pública, puesto que no generan ingresos al fisco, sino que inducen cambios de comportamiento de los agentes privados».

Estos 70.000 millones de euros, que debe abonar el sector privado sólo para hacer frente el exceso de regulación, se traduce en «1.470 euros por ciudadano o, lo que es lo mismo, 4.410 euros por hogar».

«Las trabas normativas y la burocracia conducen a trámites redundantes, solapamientos normativos, demoras administrativas y un sinfín de circunstancias que desincentivan el emprendimiento, la innovación y la generación de riqueza», explica el documento.

El instituto explica que, de manera similar a cómo unos impuestos excesivamente altos pueden reducir el potencial recaudatorio al frenar la actividad económica, un exceso de regulación genera efectos adversos que afectan directamente al crecimiento económico y disminuyen el bienestar de los ciudadanos. Precisamente eso es lo que ha detectado el informe en España.

El exceso de regulación de España

Además, los problemas de la burocracia acaban teniendo efecto sobre mercados tan relevantes como el inmobiliario: «La complejidad normativa y la lentitud administrativa hacen que el desarrollo de nueva vivienda en España tarde entre 10 y 14 años, lo que ha generado un déficit acumulado de 423.000 viviendas».

En ese sentido, el Instituto Juan de Mariana pone varios ejemplos que están perjudicando a las empresas. Así, en el sector del comercio minorista, la organización detecta que España es el tercer país de la Unión Europea (UE) que le pone más barreras: «España aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales».

«El propio sector del retail y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10 por ciento generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros», asegura el estudio.

Según el informe, en los últimos años, las Administraciones Públicas han establecido numerosas restricciones que dificultan el avance de modelos de economía colaborativa y plataformas digitales de servicios.

Estas iniciativas, que «generan más competencia, impulsan la innovación y amplían la oferta de productos y servicios», han sido objeto de «intervencionismo» regulatorio que afecta directamente su desarrollo.

Ejemplos notables son las limitaciones impuestas a las licencias de los vehículos VTC y las normativas que restringen el uso de viviendas como alojamientos turísticos, según el estudio.

«En este contexto, destaca también el caso del sector del reparto a domicilio, donde la llamada Ley Rider ha resultado contraproducente: el empleo ha caído un 7%, los salarios por hora un 3% y las horas trabajadas un 2,5 por ciento, según un estudio del instituto IZA, de Alemania», explican los profesionales.

«La normativa no solo ha reducido la flexibilidad laboral y encarecido la contratación, sino que ha generado una oferta más escasa y de menor calidad, perjudicando tanto a los repartidores como a los consumidores», sentencian.

Por último, el estudio destaca que España ha empeorado en estos asuntos si se le compara con otras naciones: «La nota cosechada por España en el Índice de Complejidad Regulatoria ha caído de 26,11 puntos en 2015 a 13,17 puntos en 2022, un desplome del 50% que pone de manifiesto la evolución a peor de nuestro marco normativo. De un total de 63 economías desarrolladas y emergentes, hemos pasado del puesto 50 a la antepenúltima posición del ranking».