España entre los países de la UE con más economía sumergida y más presión fiscal
La economía sumergida en España quita a las arcas del Estado una recaudación próxima al 23%, lo que equivale al 6% del PIB español. Así se desprende del estudio Economía sumergida y fraude fiscal en España elaborado por Funcas, en el que se señala a Extremadura como la región con más dinero negro y a la Comunidad de Madrid como la menos afectada por la economía opaca.
El estudio recopila datos de una decena de estudios sobre la economía sumergida en España en comparación con otros países, y estima un rango de entre el 18,5% y el 24,5% del PIB. Según sus conclusiones, la economía sumergida en España aumentó en los años 80 y la primera mitad de los 90, en paralelo a la normalización en la presión fiscal de España en el concierto internacional.
Desde entonces, la economía sumergida española se ha situado por encima de la media de los países de la OCDE y la UE-15.
Por comunidades autónomas, el informe señala a Extremadura (29,1%), Andalucía (27,3%), Castilla-La Mancha (27,2%) y Canarias (26,1%) como las más afectadas por la economía sumergida, según los últimos datos disponibles del año 2012. Le siguen Comunidad Valenciana (24,8%), Castilla y León (24,7%), Murcia (24,6%) y Asturias (24,3%). En el polo opuesto, las regiones con un menor nivel de economía opaca son Navarra (18%), País Vasco (17%) y la Comunidad de Madrid (16,2%).
Más presión fiscal
El estudio de Funcas destaca que el nivel de presión fiscal de largo plazo de España está relativamente alejado del de los socios comunitarios, y muy alejado del de los países del norte de Europa, como Dinamarca. Sus estudiosos constatan así un «cierto desajuste» entre el nivel de presión fiscal con las demandas de gasto público de los ciudadanos.
En este sentido, apunta que el nivel de gasto público no financiero incluyendo la Seguridad Social es del 41%, según datos de la OCDE, frente a una recaudación real sobre el PIB del 33% y una recaudación potencial del 41%. Combinando ambos porcentajes, concluye que la recaudación real sobre la potencial es del 80%, lo que supone una brecha fiscal del 20%.
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