España pagará multas millonarias por no enfrentarse a los sindicatos de estibadores

España estaba obligada, por sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a acabar con el sistema ultra proteccionista de contratación de estibadores portuarios, en buena medida heredado del franquismo, y a abrir la puerta a la libre contratación. El Gobierno no lo ha hecho, por miedo a enfrentarse con los sindicatos del sector, y nuestro país tiene que hacer frente a partir de ahora a multas de 10.000 euros diarios.

La Comisión Europea denunció a España en junio de 2013 ante el TJUE por considerar ilegales sus normas relativas a la contratación de trabajadores portuarios. La sentencia, del 11 de diciembre de 2014, daba la razón al Ejecutivo comunitario y obligaba a España a cambiar la normativa antes del 31 de diciembre de 2015 para que los contratos en el sector no estuvieran en manos de las llamadas Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), que cuentan con el apoyo de los sindicatos de clase de la estiba.

En abril de 2015 el Gobierno preparó un borrador de Real Decreto destinado a cumplir la sentencia, pero las presiones sindicales consiguieron que diera marcha atrás. La ministra Ana Pastor quiso evitar una alta conflictividad laboral con huelgas que pondrían el peligro el discurso de la recuperación económica. Una paralización de la carga y descarga en los puertos se habría traducido en un descenso de las exportanciones e importaciones y tendría, por tanto, un efecto negativo en las cifras macroeconómicas.

Las multas comunitarias empiezan a llegar a partir del 1 de enero. Su cuantía es de 10.000 euros diarios, 300.000 euros al mes y un millón al trimestre. Con un Gobierno en funciones y con semanas de inestabilidad hasta que se forme un nuevo Ejecutivo, y con la posibilidad de que se convoquen nuevas elecciones, las reforma puede tardar muchos meses. De esta manera, las multas que se pagarán con los impuestos de los ciudadanos pueden ser millonarias.

Las empresas concesionarias de los puertos están obligadas a contratar a los estibadores a través de las SAGEP, que tienen la exclusiva del trabajo en los muelles de carga y descarga. Esto supone un proteccionismo de la actividad de los estibadores integrados en ellas, que gozan de turnos de cuatro o cinco horas diarias pagados con sueldos que pueden llegar a superar el del presidente del Gobierno, según han explicado a Okdiario fuentes del sector.

Las concesionarias de los puertos están obligadas a participar en el capital de esas sociedad, como socio mayoritario, mientras que la correspondiente Autoridad Portuaria posee una parte mínima de las acciones. Con la reforma que reclama el TJUE, se abriría la puerta a nuevos competidores que ofrecieran mano de obra en condiciones más normales y dinamizaría la actividad de los puertos españoles al hacerlos más competitivos.