El 75% negocios no está preparado para VeriFactu: «No aporta nada y sólo complica la vida a las pymes»

La entrada en vigor de VeriFactu, prevista para 2027 tras su aplazamiento, sigue generando rechazo entre buena parte del tejido empresarial español. 

Mientras tres de cada cuatro negocios todavía no está preparado para adaptarse al nuevo sistema de facturación, distintas organizaciones alertan de que su implantación supondrá nuevos costes, más carga administrativa y una mayor complejidad para pymes y autónomos.

Así lo sostiene el CEO y cofundador de Quantax, Álvaro Pascual, quien advierte de que la obligación de implantar VeriFactu obligará a miles de pequeños negocios a contratar software especializado y adaptar sus procesos internos, pese a que muchos ya cumplen con todas sus obligaciones tributarias a través de sus gestorías.

Según explicó, la nueva normativa supondrá «un coste más y una complicación más» para pymes y autónomos, al añadir nuevas obligaciones tecnológicas sin facilitar el cumplimiento de las ya existentes. En su opinión, la Administración debería centrar sus esfuerzos en simplificar la relación con los contribuyentes en lugar de incrementar las cargas burocráticas sobre quienes ya cumplen con Hacienda.

Costes añadidos para los que ya cumplen

Pascual recordó además que la carga administrativa que soportan los pequeños negocios ya es muy elevada. Según los datos citados a OKDIARIO, un autónomo dedica alrededor de 200 horas al año a tareas administrativas relacionadas con sus obligaciones fiscales, mientras que en el caso de las pymes esa cifra alcanza las 372 horas, según datos de CEPYME.

A ese tiempo habrá que añadir ahora la adaptación a VeriFactu, que implicará nuevas inversiones en programas informáticos y cambios en los sistemas de facturación.

El responsable de Quantax también cuestionó que la Administración esté destinando importantes recursos tecnológicos al control de pequeños negocios mientras estos siguen reclamando una reducción de la burocracia. A su juicio, la digitalización sólo tiene sentido si sirve para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no para incrementar los costes de quienes ya cumplen con la normativa.

El análisis elaborado por Quantax sitúa además a España entre los países europeos con mayor presión fiscal para las empresas. Según el informe, España es el tercer país de la Unión Europea donde las cotizaciones empresariales tienen mayor peso sobre la recaudación total, con un 25,8%, muy por encima de la media comunitaria del 17,9%. Asimismo, la contribución fiscal de las empresas representa el 17,8 % del PIB, frente al 14,8% de media en la Unión Europea.

Un lastre para las pequeñas empresas

La propia compañía advierte de que el problema no reside únicamente en el nivel de impuestos, sino en la creciente complejidad normativa. En este sentido, recuerda que iniciativas como VeriFactu forman parte de la digitalización del sistema tributario, aunque reconoce que este proceso «no siempre se traduce en una mayor facilidad operativa para pymes y autónomos».

Además, Álvaro Pascual ya advertía en el informe de que «no siempre se paga más en España por tipo nominal, pero sí es más fácil acabar pagando de más si no existe planificación continua».

Las advertencias coinciden con las del Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos, que consideran que VeriFactu trasladará a millones de pequeños empresarios y autónomos una «carga económica, tecnológica y administrativa» que no responde a las necesidades de su actividad, sino a una obligación impuesta por la Administración.

Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo, sostiene que muchos negocios tendrán que cambiar programas, adaptar sus procesos y asumir nuevos costes simplemente para seguir realizando su trabajo como hasta ahora.

Además, el Colegio cuestiona que el sistema encuentre el equilibrio entre la lucha contra el fraude y la realidad de las pequeñas empresas. A su juicio, la tecnología debe utilizarse para simplificar la relación entre ciudadanos y Administración, no para hacerla más compleja, y advierte de que la implantación del sistema incrementará los costes de cumplimiento y la dependencia tecnológica de miles de autónomos y pequeños negocios.

Criticas desde la AEDAF

A estas críticas se suma también la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que recientemente alertó de la «improvisación y costes añadidos» que está provocando la adaptación de los sistemas de facturación al nuevo modelo europeo.

Su presidente, Bernardo Bande, defendió que «las empresas pueden asumir el coste de adaptarse; lo que no deben asumir es el coste de la improvisación», reclamando una implantación con mayor planificación, coordinación y seguridad jurídica.

Asimismo, los expertos de la asociación advirtieron de que mantener distintos sistemas de reporte provocará «mayores costes y complejidad para los contribuyentes».

Las discrepancias también han llegado desde distintos sectores empresariales. La Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) ha solicitado aplazar VeriFactu y reclama un calendario más coherente con la futura factura electrónica europea.

La patronal considera que la adaptación exigirá inversiones «muy relevantes» para autónomos y microempresas y advierte de que la digitalización debe servir para simplificar la actividad empresarial, «no para superponer nuevas obligaciones formales ni generar costes desproporcionados para el pequeño comercio».

De este modo, empresas, asesores fiscales y representantes profesionales coinciden en que herramientas como VeriFactu corren el riesgo de convertirse en una nueva carga económica y administrativa para un colectivo que ya soporta una elevada presión fiscal y burocrática.