Cemex no paga los 455 millones que debe a Hacienda, pero contrata obras públicas

La división española de Cemex no ha abonado la sanción de 455 millones de euros que le puso el ministerio de Hacienda el pasado año por contabilizar pérdidas ficticias para lograr beneficios fiscales entre 2006 y 2009. La compañía no ha anotado este desembolso en sus previsiones anuales y ha decidido recurrir la multa, al mismo tiempo que sigue trabajando con el sector público.

Según han confirmado a Okdiario fuentes de la Agencia Tributaria, la empresa no ha pagado la sanción. El camino es recurrir al Tribunal Económico-Administrativo, órgano que depende de Hacienda y, si el resultado no es favorable para Cemex, todavía existe la opción de acudir a un tribunal ordinario de Justicia. “El proceso puede durar hasta 10 años, ya que la multa no es ejecutiva y la compañía puede no pagar hasta que sea firme, Cemex puede recurrir a todos los organismos hasta llegar al Supremo”, explican las fuentes consultadas.

Sin embargo, a pesar de tener este enorme deuda con Hacienda, la empresa sigue teniendo la confianza del Gobierno. Recientemente el ministerio de Fomento ha reactivado las obras en el tramo de la carretera N-232 que permitirá a Aragón tener una salida directa al Mediterráneo, obra en la que trabaja Cemex. Otro proyecto a destacar es el dragado del puerto de Alcanar, en Tarragona, realizado en virtud de un acuerdo firmado con la Generalitat de Cataluña.

Prohibido contratar con deudas fiscales

Según la Ley de Contratos del Sector Público, está prohibido que una empresa realice trabajos para las Administraciones sin “hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias”. Sin embargo, Cemex elude esta exigencia normativa, ya que en el caso de las sanciones administrativas la multa no es firme del todo hasta que se agota la vía judicial. De esta forma la compañía sigue contratando con el sector público aunque le deba 455 millones de euros.

Cemex admite en su memoria anual que no pagará la sanción “hasta que todos los recursos y reclamaciones interpuestas sean finalmente resueltos y considera que “las apelaciones podrían tomar un tiempo significativo en ser resueltas”. El coste de asumir este gasto sería grave y supondría ”un impacto material negativo en los resultados de operación, la liquidez y la posición financiera de Cemex”.

La multa fue impuesta a la división española de la compañía, cuya matriz está en México, a pesar de lo cual Cemex España asegura que «este expediente no tiene relación con las operaciones de Cemex en España ni afecta a la actividad desarrollada por Cemex España Operaciones, S.L.».

No es el único frente que tiene abierto la cementera con las autoridades. En 2012 la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) le sancionó con 502.000 euros por prácticas irregulares derivadas de la fijación de los precios de suministro de hormigón, así como por la participación de la empresa en un reparto de mercado en Navarra y zonas limítrofes entre 2008 y 2009.

El caso más sonado de la Agencia Tributaria

El “caso Cemex” generó una oleada de ceses y dimisiones en el seno de la Agencia Tributaria en 2013. Hacienda abrió un expediente a la cementera en 2011 por la aplicación de unos créditos fiscales con bases negativas entre 2006 y 2009 que rondaban los 3.000 millones de euros. Es decir, que se investigaba a la compañía por simular pérdidas contables para disminuir los impuestos a pagar. Una vez que la Agencia Tributaria consideró probados los hechos informó a Cemex, que decidió presentar alegaciones.

Según confirman fuentes cercanas al caso, el expediente llegó a manos de una inspectora de la unidad de Grandes Contribuyentes y, tras revisarlo, comprobó que Cemex no presentaba ninguna documentación adicional que pudiera hacer a la Agencia Tributaria retirar o reducir la sanción. La funcionaria rechazó la solicitud y mantuvo la multa. Después fue destituida y dimitieron los dos cargos que estaban por encima de ella: el jefe de control del departamento, Ignacio Ucelay y el director del área de Inspección, Luis Jones.

Las fuentes consultadas recuerdan que no es habitual que una empresa, a la que se le ha informado ya de la liquidación con sanción, presente un recurso ante los mismos órganos que han resuelto sobre la primera disconformidad y, reiterando los mismos argumentos en las alegaciones. Salvo que se espere un cambio en la decisión en la admisión del recurso. Y eso es justo lo que esperaba Cemex, ya que según denunció la Organización de Inspectores del Estado en una nota interna a la que ha tenido acceso Okdiario, existieron “razones con un sesgo ajeno a criterios técnicos” en la gestión de este expediente.

Presiones por parte del Gobierno

“Aquí lo que ocurrió es que desde la cúpula de Hacienda se presionó para reducir la sanción a tan sólo 15 millones”, explican inspectores que prefieren conservar el anonimato. La cuestión llegó hasta el Congreso, donde el diputado del PSOE, Pedro Saura, acusó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de cesar a la inspectora que rechazó la alegación de Cemex porque la intención del Gobierno era “perdonarle la deuda” a la empresa, a la que asesoraba a través de una empresa de consultoría fiscal que fundó Montoro.

La empresa comenzó llamándose Montoro y Asociados Asesores, pero en abril de 2008 Montoro vendió su participación en la compañía y el despacho pasó a llamarse Equipo Económico, quedando al frente Ricardo Martínez Rico, que había sido secretario de Estado de Hacienda en el último gobierno de Aznar. La consultora siempre ha negado su participación en el “caso Cemex”. Fuentes de Equipo Económico han asegurado a Okdiario que el asesor legal en España de Cemex fue la firma Ashurst.