Desaceleración

La ministra de Trabajo reconoce que “se vislumbra una desaceleración del empleo”

La ministra de Trabajo reconoce que “se vislumbra una desaceleración del empleo”
Magdalena Valerio ministra de Trabajo
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La ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, reconoce “el vaso no está lleno” y es consciente de que la economía española se ha topado con un ‘bache’. Valerio parece ser el único miembro del Ejecutivo de Pedro Sánchez que asegura que “se vislumbra una desaceleración del empleo”.

A diferencia de su compañera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que sostiene que el crecimiento de la economía española “es robusto”, la responsable de la cartera de Trabajo sabe que “se vislumbra una desaceleración del empleo”. Y pese a que “se que el vaso no está lleno”, pide no entrar en la senda de “profecías autocumplidas”. Y es que Valerio espera que esta relentización en el crecimiento de la economía española “no tenga excesivo impacto en materia laboral”.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por el Nueva Economía Fórum, Valerio ha puesto en valor la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.000 euros al mes por convenio como medida para paliar los efectos de la ralentización económica en los salarios.

46.524 contratos temporales fraudulentos

Asismismo, ha informado de que el Gobierno ha logrado convertir en indefinidos 46.524 contratos temporales fraudulentos, casi un tercio de los 153.900 fijos que se rubricaron en agosto. la ministra ha detallado que en agosto se enviaron cartas a empresas avisando de que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social había detectado que 80.529 trabajadores temporales habían sobrepasado el tiempo establecido.

De éstos, 46.524 contratos han sido convertidos en indefinidos, el 57,8 % del total, cifra que pasó a engrosar las casi 154.000 contrataciones fijas, que supusieron un alza del 33 % y la mayor cifra contabilizada en un mes de agosto de la serie histórica del Ministerio.

La ministra ha recordado que estos datos son fruto de la puesta en marcha en julio del Plan Director por un Trabajo Digno, dotado con 30 millones de euros, y con el que se pretende recuperar los derechos laborales perdidos y garantizar la competencia leal entre las empresas.

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