Los economistas avisan: España hará ajustes severos y subirá impuestos

«No nos engañemos, España va a tener que hacer ajustes importantes. Cuanto más rápido nuestras administraciones digan cómo se llevará a cabo la reestructuración, antes se podrán prestar los mismos servicios o al menos intentarlos mantener. Cuanto más vivamos en la ficción de que todo sigue igual, peor será». Así advertía Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, el inminente escenario de ajustes que afronta España y que vendrá acompañado de una inevitable subida de impuestos, previsiblemente, después del verano.

En materia impositiva, el punto de partida es que los ingresos tributarios del Estado se han incrementado prácticamente un 2% en 2019 con respecto a 2018 con subidas de recaudación de todos los grandes impuestos -IRPF, IVA e IIEE-, con la excepción del Impuesto sobre Sociedades, que descendió un 4,45%. Ahora, la crisis del coronavirus se ha traducido en una falta de ingresos públicos y en un aumento exponencial de la deuda que tensiona cada vez más las cuentas públicas. Como consecuencia, los economistas estiman que el déficit se incrementará hasta situarse entre el 12% y 15%, mientras que la deuda podría cerrar el año entre el 120% o incluso el 125% del PIB.

Ante esa previsión de deuda pública, los expertos destacan que hay que apelar a los inversores internacionales para que compren deuda, al margen de las compras que pueda realizar el Banco Central Europeo. «Hay que trasmitir señales de fiabilidad, de «saber dónde se va» como país y de estar «dispuestos a trabajar», decía Pich.

En este escenario, el Gobierno ya ha confirmado que trabaja en un nuevo marco fiscal que incluirá, entre otras medidas, un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades y un impuesto a la banca cuya recaudación se destinará a la Seguridad Social.

Sobre el Impuesto de Sociedades, los economistas destacan que la recaudación del tributo está en la media de la Unión Europea y de la OCDE y que el tipo que prepara el Gobierno afectará rarísimas empresas porque la mayoría ya pagan un tipo superior. «Está por encima de Alemania y Francia. Es un impuestos muy estandarizado. No es una vaca que te puede muñir. Creemos que cambiar las reglas del juego es peligroso porque los inversores dejan de fiarse de ti», según el presidente del Consejo General de Economistas.

Hasta 60 propuestas 

Reducir el impacto económico del covid-19, incrementar la seguridad jurídica y mejorar la lucha contra el fraude. Con esos objetivos, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) -órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas de España- ha presentado una batería con hasta 60 recomendaciones dirigidas a empresas y asesores que incluyen cambios en el IRPF, IVA, IAE o IBI.

En el caso del Impuesto de Sociedades, recomiendan generalizar y aumentar la reserva de nivelación para que en la Declaración de Sociedades 2019 se puedan aprovechar las pérdidas que se producirán en 2020.

Además, para que la pandemia no afecte a las libertades de amortización, sugieren «modificar el artículo 102 de la LIS en dos direcciones: primera, que a estos efectos computen como trabajadores los afectados por un ERTE; y segunda, que 2020 no se tenga en cuenta a efectos de cálculo de los promedios, teniendo solo en cuenta 2019 –salvo que 2020 fuera mejor–», dicen en su propuesta.

También apuestan por activar una deducción por inversiones relacionadas con el teletrabajo y estimular la creación de empleo de manera directa con una deducción en cuota proporcional al incremento de plantilla -un importe multiplicado por cada trabajador/año con contrato indefinido-. En líneas generales, esta última propuesta se aplicaría en ejercicios iniciados en 2020, a condición de que, por lo menos, se mantenga otro año la plantilla de esos 12 meses anteriores al 16 de marzo.

Desde el REAF-CGE también proponen reducir el IBI de 2020 de todos los locales afectados por el cese de actividad durante la crisis, y en materia de IVA, flexibilizar las condiciones y acelerar la recuperación de las cuotas repercutidas y no cobradas. Por ello, proponen rebajar los plazos para poder reducir la base imponible que ahora mismo son de un año y de seis meses para grandes empresas y pymes, respectivamente.

Además, instan a plantear la posibilidad de una reducción de tipos, respecto a sectores especialmente sensibles a la crisis sanitaria, como la hostelería, donde reducción puede ser más problemática por tener ya un tipo reducido, u otros como gimnasios o peluquerías.

En materia de seguridad jurídica y lucha contra el fraude fiscal, recomiendan crear un buzón electrónico único para que los administrados tengan acceso a las notificaciones y comunicaciones de los diferentes entes, organismos o instituciones. También piden potenciar la facturación electrónica o incentivar los pagos electrónicos.