Crónica de una España anunciada tras el decreto ‘antiFerrovial’

Que España iba a enfrentarse a una pandemia, a una guerra a las puertas de Europa o que se iba a arrodillar ante Marruecos, evidenciando la dependencia energética, no se lo imaginaba nadie hace apenas tres años. Que la deuda pública fuera a ser más del doble que en diciembre del 2010, cuando estalló la anterior crisis financiera y situó a países como el nuestro al borde del rescate, aun menos. Y aquí seguimos, como el pobre Santiago Nasar de la novela de García Márquez: al borde de exhalar el último aliento.

Lo grave no es que la deuda haya engordado sin freno debida a la incapacidad del Gobierno frankestein de trazar un objetivo o un calendario. Lo que de verdad resulta grave es la herencia que este presidente ha dejado con su último decretazo a las empresas españolas. Sí, esas que podrían haber  creado miles puestos de trabajo durante los últimos dos años y no, no en el sector servicios.

Una vez más, el coletazo del líder socialista ha sido burdo. Sánchez ha traspuesto una directiva europea con retraso, justo antes de que Bruselas nos multara, utilizando el mecanismo de “extraordinaria y urgente necesidad”, en lugar del procedimiento legislativo común, aquel que requiere de debate parlamentario e informes consultivos. Vamos, que nos la ha vuelto a colar. Si a finales del año pasado el Ejecutivo aprobaba de forma tardía el impuesto a la banca y a las grandes energéticas -que podría mantenerse también en 2024 según los últimos anuncios del posible futuro presidente popular-, la última maniobra quijotesca ha llegado a menos de un mes de las elecciones generales.

Desde ya se obliga al Registro Mercantil a que expida un ‘certificado previo a la modificación estructural’ de toda empresa, por ejemplo, para el traslado de su sede al extranjero, como sucedió con Ferrovial.

El trámite podría durar hasta seis meses si el registrador sospecha que la operación pudiera ocultar “fines abusivos o fraudulentos”. En dicho caso, entran en el tablero de juego no sólo la sociedad que quiere largarse o reestructurarse, sino también organismos y entidades públicas, es decir; entes al servicio del gobierno de turno. Pensemos en medio año retrasando una operación libremente decidida por los accionistas de una empresa privada. Medio año de campaña gubernamental contra dicha entidad. Medio año para espantar a otras tantas mercantiles que podrían haber pensado en establecer su domicilio fiscal en España o en otra modificación estatutaria en aras de su propia eficiencia.

Pues bien, salvo que el próximo Gobierno de la Nación acometa una rápida derogación de varias leyes y otros tantos decretazos, como este ‘antiFerrovial’, España se quedará como la descarriada Ángela Vicario de la novela: escribiendo cartas de cómo pudo ser aquel matrimonio fallido, primero como una joven enamorada y después, fingiendo enfermedades, a ver si Europa resulta benévola y no obliga a regresar a las inevitables reglas del gasto. Esas por las que España modificó hasta su Carta Magna.