La Comisión Antieuropea

La Comisión Europea decidió prorrogar la suspensión de las reglas fiscales también en 2023, ahora con la excusa de la guerra en Ucrania. Así, serán cuatro años seguidos en que estas reglas estarán suspendidas.

El error no puede ser mayor. Es falso que la pandemia haya hecho inevitable que se disparara el déficit fiscal: Suecia, Dinamarca y Luxemburgo no dejaron de cumplir, en 2020-2021, con los límites acordados. Otros nueve países (entre ellos Holanda, Finlandia y Portugal), tuvieron equilibrio fiscal en 2019, dispararon el déficit en 2020, pero en 2021 volvieron a reducirlo por debajo del 3% del PIB. La suspensión de las reglas fiscales no premia a los gobiernos que cumplen, sino que ayuda a los gastadores, como España. De ahí el contrasentido: las reglas fiscales se acordaron, precisamente, para librar a Europa de los derrochadores. Algo que parece olvidar la actual Comisión. 

Con este auxilio a los gobiernos manirrotos, la Comisión refuerza la impresión de que las reglas fiscales, al fin de cuentas, son de cumplimiento voluntario. Recuérdese que la crisis del euro de 2011-2012 se originó porque no se cumplieron los límites pactados en Maastricht. Por eso, en marzo de 2011 se tuvo que firmar otro pacto (el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza), que fue el que obligó a Zapatero a reformar el artículo 135 de la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria. La Comisión, en la práctica, ha dado por finiquitado el pacto de 2011.

El problema es que la realidad seguirá su curso inexorable. Cuando los mercados consideren que la deuda pública de un país ha tomado una dinámica insostenible, venderán sus bonos y caerán sus cotizaciones. Cuando cae el precio de los bonos, sube el rendimiento de los mismos (es decir, el tipo de interés; la subida es mayor cuanto más largo sea el plazo del título público). 

De ahí que la desconfianza en la deuda de un país multiplica el coste de refinanciarla y hace subir la prima de riesgo. El mayor pago de intereses significa que, si se hace poco o nada para contrarrestarlo, el déficit fiscal tiene una nueva escalada, que realimenta la desconfianza. Al mismo tiempo, los mayores tipos de interés que tiene que pagar el gobierno implican que a las empresas les resulta más caro colocar sus propios bonos, por lo que se reduce la inversión y, con ella, la creación de empleo.

Como sabemos, los bancos son uno de los principales tenedores de títulos públicos. Si caen los precios de los bonos, los balances de los bancos se resienten y tienen menos capacidad para dar crédito. A su vez, si la desconfianza en la deuda pública se convierte en desconfianza en los bancos, podría haber salida de dinero desde los bancos de los países cuya deuda es percibida como insostenible, hacia bancos de países con la situación fiscal bajo control.

No me estoy inventando nada: es el mismo proceso que ya vivimos en España entre 2008 (cuando la prima de riesgo fue de apenas 15 puntos base) y 2012 (cuando la misma se acercó a 600 puntos básicos). En el Banco Central Europeo también lo saben, por eso sus alquimistas están elucubrando un mecanismo con la esperanza, seguramente inútil, de poder bloquear lo inevitable. 

Cuando la realidad se haga presente con toda su brutalidad, habrá que hacer, de golpe, lo que Sánchez, Calviño y Montero no quieren: ordenar las cuentas públicas y hacer reformas para recuperar la competitividad perdida. Pero como se hará en un contexto de desconfianza, las medidas deberán ser más duras, y el coste económico y social será mayor del que podría haber sido. 

En lugar de evitar los mismos errores, la Comisión Europea parece querer que se repita la historia: está creando el ambiente idóneo para resucitar a los ‘hombres de negro’ y, con ellos, el resurgir de la extrema izquierda y el sentimiento antieuropeo. Por eso, en verdad, la actual es una Comisión Antieuropea.

@diebarcelo