El Colegio de Ingenieros se desmarca de los informes de su perito sobre las obras investigadas en Acuamed

El Colegio de Ingenieros se ha desmarcado de los primeros informes que ha entregado el perito que está realizando por orden judicial los peritajes de las obras bajo sospecha de corrupción en el ‘caso Acuamed’ -que trabaja en el propio Colegio-. El organismo se desliga de esta forma del resultado de esos peritajes, que están siendo polémicos y cuestionados por el resto de ingenieros que participan en la evaluación de las obras por parte de las defensas.

Se trata de informes claves para el resultado final del proceso contra la ex cúpula de la compañía pública y los directivos de las constructoras acusados de pactar sobre costes en las obras, generando un supuesto perjuicio para Acuamed: para saber si se inflaron los precios hay que saber qué precio tenían exactamente.

Al margen de la polémica que ya ha generado el retraso con el que se han pedido estos peritajes por parte de la fiscal, y del propio retraso generado por los peritos judiciales, ahora se suma una nueva controversia por el hecho de que el Colegio de Ingenieros no quiera relacionarse con el resultado de esos informes ni con su elaboración.

El pasado 8 de marzo, el presidente del Colegio, Miguel Ángel Carrillo, envió una carta a uno de los ingenieros investigados en la causa, José Ramón González, en la que le asegura que el Colegio no tiene relación con los informes que está haciendo el perito del propio Colegio, José Francisco Gómez, encargado de los peritajes por el juez del caso, Manuel García Castellón. El ingeniero González alertó al Colegio de la situación al ver que el primer informe entregado por el perito llevaba el membrete del Colegio, alerta que ha motivado esta respuesta de Carrillo.

«Una vez designados los peritos por el Juzgado, éstos ejercen su labor técnica de forma completamente independiente. Por ello, ningún órgano colegial interviene de ningún modo en la elaboración de los informes periciales. En este sentido la Junta de Gobierno del Colegio, en su sesión de 22 de febrero de 2021 ha acordado recordar que los Informes periciales en cuestión son responsabilidad de los peritos que los suscriben y que deben emitirse y entregarse en papel sin membrete del Colegio», señala la misiva.

Se da la circunstancia de que este mismo perito, José Francisco Gómez, que ha presentado un escrito al juez Castellón requiriéndole cómo actuar a partir de ahora, ya realizó en 2016 por orden del Ministerio de Agricultura evaluaciones de más de una decena de obras de Acuamed para justificar los fondos recibidos por Bruselas para ciertos proyectos.

En esos informes, como el de la desaladora de Dalias (Alicante), el perito añadió también el membrete y el nombre del Colegio de Ingenieros, sin que nadie le obligara a retirarlo.

Las diferencias ahora son tres. En primer lugar, el presidente del Colegio de Ingenieros ha cambiado: Carrillo ocupa el cargo desde julio de 2020. En segundo lugar, en este caso se trata de un trabajo para un proceso que está judicializado. Y, en tercer lugar, el primer informe que ha entregado el perito al juez, de los ocho que tiene que realizar -están presentes también los peritos de las defensas-, el correspondiente a la obra de Cerro Colorado (Murcia), ha levantado ampollas por la forma en la que se ha hecho.

Como se ve en la imagen, el perito ha realizado el informe sobre si el coste de las tuberías para trasladar el agua desalada estaba inflado o no en base a fotografías. A partir de esas fotos, calcula las magnitudes de la tubería y el coste que debería tener. El Colegio de Caminos conocía los términos de este primer peritaje antes de tomar la decisión de pedir al perito que retire toda relación de ese informe con la institución.

El peritaje va a añadir más polémica al caso, ya que la previsible respuesta de los peritos de la defensa va a cuestionar cualquier conclusión que pueda hacer el tribunal con un informe basado en fotografías. De hecho, en el segundo informe que ha entregado al juzgado ya no se ha utilizado este método.

En definitiva, más polémica para un caso que lleva ya más de cinco años bajo investigación sin que se haya todavía determinado cuál fue el supuesto fraude para las arcas públicas. El juez Castellón ha ido archivando el caso para algunos investigados al tiempo que ha ido liberando a otros de medidas cautelares, como las fianzas. El primer juez instructor, Eloy Velasco, realizó detenciones de ejecutivos de la empresa y de algunas constructoras y metió en la cárcel a algunos directivos durante unos meses. El entonces líder el PSOE, Pedro Sánchez, utilizó este caso para desgastar políticamente a Mariano Rajoy, en ese momento presidente del Gobierno, a cuenta de la corrupción.

Mientras, son numerosas las pruebas que apuntan a que el PSOE utilizó esta empresa para financiar al partido en la época de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, con Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente y responsable última de Acuamed.