El escándalo de Narbona en Acuamed le cuesta a España 217 millones de la UE

Acuamed se ha convertido ya en el foco de investigación de la Justicia y de la Guardia Civil por financiación ilegal del PSOE. Pero el daño provocado por la sociedad pública -bajo control de la entonces ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona y hoy presidenta del PSOE- es muy superior al escándalo investigado por la Audiencia Nacional.

Así, mientras que la Justicia sigue la pista de 22 millones de euros destinados a publicidad electoral de los socialistas, la UE reclama ya la devolución de 217 millones de euros en ayudas destinadas al objeto de Acuamed -las desaladoras-. Porque fueron financiadas en parte por Europa y el desastre en la gestión de Acuamed ha provocado que los proyectos comprometidos con Bruselas no se hayan cumplido según lo exigido.

El Ministerio de Transición Ecológica ha recibido ya el aviso de la UE. La advertencia, además, ha llegado directamente de la Oficina Antifraude (OLAF) con destino a la misma Audiencia Nacional que investiga la financiación ilegal del PSOE en época de Rodríguez Zapatero. Y el contenido no puede ser más directo: España debe devolver toda la cofinanciación europea recibida en concreto en un total de siete contratos de obra de Acuamed. Solamente ese importe asciende ya a 217 millones de euros.

El problema es más que considerable. Y es que la empresa pública se situó en pérdidas en época de Narbona, precisamente por la decisión oficial de realizar un destino masivo de sus fondos a la financiación de la misma publicidad que ahora investiga la Audiencia por tener un claro contenido político y ser favorable a los objetivos de Zapatero en los comicios generales de 2008.

Y ahora, pese a haber mejorado la salud financiera de la empresa pública tras la salida del Ejecutivo de Zapatero, lo cierto es que Acuamed no tiene ninguna capacidad de hacer frente a ese pago.

La OLAF ha señalado que España debe devolver ese dinero, bien a través de la sociedad pública, bien a través de fondos estatales procedentes de cualquier otra partida, porque lo cierto es que el responsable último del compromiso europeo de cofinanciación es España.

Hay que recordar que el caso Acuamed se encuentra en estos momentos bajo investigación judicial ante los indicios de financiación ilegal del PSOE con cargo, tanto a partidas internas de la sociedad pública, como cargados a las empresas concesionarias de la construcción de las desaladoras.

La empresa pública estaba bajo responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente que comandaba Narbona en la etapa previa a las elecciones generales de 2008 -periodo que concentra la investigación judicial por financiación ilegal-. Cristina Narbona es en estos momentos la presidenta del PSOE de Pedro Sánchez, pese a lo que los socialistas no han realizado ni las más mínima declaración crítica sobre el escándalo.

En concreto, más de 7 millones de euros fueron cargados a las empresas concesionarias de las desaladoras; el resto de dinero salió de la propia caja de Acuamed.