La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha publicado este jueves su informe ‘Producción normativa en 2020’, donde señala que la producción de normas estatales se disparó más de un 22% durante el pasado año. Esta situación, como remarcan desde la patronal, «provoca una pérdida en la calidad técnica de la norma y añade una carga innecesaria a las empresas de nuestro país».
En concreto, el estudio destaca que el pasado 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó 793 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal a lo largo del año 2020, lo que supone un incremento del 22,4% con respecto al ejercicio anterior, mientras que las normas con rango de ley no superaron las 53. Además, la pandemia ha hecho que 2020 fuera el año en el que más reales decreto ley se aprobaron en España (39), de forma que el 72% de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un real decreto ley.
«Se debe velar por no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo. En ocasiones a lo largo del año 2020, ha existido pérdida de calidad técnica de la norma. Ello se demuestra en el hecho de que en sucesivos reales decreto ley se han producido numerosas modificaciones sobre los aprobados anteriormente, ya sea corrigiendo errores, introduciendo precisiones o modificando el sentido del articulado anterior. Esto, provocado probablemente por la urgencia e improvisación, produce gran incertidumbre jurídica y perjudica gravemente la calidad regulatoria del país», destacan desde CEOE.
El estudio del Departamento de Digitalización, Innovación, Comercio e Infraestructuras (DICI) de CEOE advierte de la excepcionalidad de los datos por el efecto de la pandemia del Covid-19 en la actividad normativa de las administraciones. Hay que tener en cuenta que la pandemia obligó a muchas comunidades autónomas a tener que tomar un número de decisiones en materia normativa, que no eran necesarias antes de la crisis sanitaria del coronavirus.
Casi 1 millón de páginas
Igualmente, 2020 fue el quinto ejercicio consecutivo en el que el número de reales decreto ley ha superado al de leyes ordinarias publicadas en el BOE. Por su parte, las normas con rango de ley aprobadas por las comunidades autónomas ascendieron a 332 en 2020 (un 7% más que en el año 2019).Otro de los datos que pone de relieve el informe es que en 2020 se editaron en el BOE 191.776 páginas, cifra que, si se suma a las de los boletines oficiales autonómicos (753.322), resulta en casi un millón de páginas publicadas (945.098).
«La inestabilidad política, evidenciada en una repetición electoral sin precedentes en España, ha supuesto que el uso del real decreto ley haya prevalecido en los últimos cinco años. Sin embargo, en esta ocasión, también es importante apuntar a las circunstancias excepcionales que
se han vivido debido a la pandemia. Estas han dificultado la tramitación legislativa y podrían haber ocasionado una mayor utilización de este recurso», añade la CEOE.
Ante esta situación, la CEOE reclama un marco institucional que promueva un Estado de Derecho sólido, donde la regulación sea estable, fiable y cumpla con los criterios de las buenas prácticas regulatorias, lo que es imprescindible para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial. «En este sentido, se debe velar por no añadir cargas innecesarias a las empresas, que para cumplir con la legislación que les es aplicable deben destinar ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo», enfatizan.
En el plano de la Unión Europea (UE), el número de actos jurídicos adoptados en 2020 ascendió a 2.030, distribuidos en 931 reglamentos, 20 directivas y 1.079 decisiones, lo que se traduce en un ligero incremento del 1,8% con respecto a 2020. En cuanto a la legislación total vigente en la UE, acumula un total de 51.924 normas.
