Cataluña sigue con su persecución a Cabify: abre nuevo expediente tras sanción de 30.000 euros

La Generalitat de Cataluña ha abierto un nuevo expediente informativo a una filial de Cabify, con el objetivo de comprobar que cumple con la normativa vigente, han informado fuentes de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad a Europa Press.

Esta expediente llega después de que la administración catalana sancionara con más de 30.000 euros a Cabify por diversos motivos, en aplicación del decreto ley aprobado a principios del año pasado por el Govern para regular la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC).

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat ya había abierto un total de 54 expedientes informativos a Prestige&Limousine, que se saldaron con sanciones de unos 600 euros cada una.

El primer expediente del Govern contra esta empresa llegó en marzo de 2019, dos meses después de la aprobación del decreto ley 4/2019, que obliga a los VTC a precontratar sus servicios con una antelación mínima de 15 minutos en Catalunya.

La norma prohíbe que este tipo de empresas puedan indicar dónde se encuentran sus vehículos antes de que un cliente les contrate y que no puedan circular por las vías públicas buscando usuarios ni captarlos si haber sido precontratados, por lo que deben estar estacionados en aparcamientos y garajes cuando no hacen ningún servicio.

El incumplimiento de cualquier de las condiciones fijadas por el decreto ley de la Generalitat se considera una infracción grave, con multas que pueden llegar hasta los 1.400 euros, de acuerdo con la Ley 12/1987 de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante vehículos de motor.