Bruselas, ¿y el campo español?

Que los franceses dejaran de tirar nuestras fresas en las fronteras pirenaicas no fue casualidad. El sentido fundacional de la Comunidad Europea por el carbón y el acero pronto fue reforzado por otros compromisos menos bélicos y más productivos, como el de la libre circulación de personas y capital. Entonces y ahora, los europeos esperamos que esta Unión sea mucho más que un costoso aparato empleador de cientos de eurodiputados a los que exime de pagar impuestos y les granjea una golosa jubilación. Ahora que el campo español y el de nuestros vecinos está a punto de echar la persiana al verse amenazado por la subida de costes y la benevolencia con los productos extracomunitarios, ¿qué va a hacer Bruselas al respecto?

Lo que el ministro Planas no ha hecho en dos legislaturas, Vox lo ha logrado en una sola tarde en Bruselas. El pasado miércoles, la formación de Abascal, representada por Buxadé en la Eurocámara, llevó por primera vez al conjunto de las organizaciones agrícolas españolas ante el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Janusz Wojciechowski. El encuentro tuvo lugar en la novena jornada de protestas de los agricultores españoles cuya mirada se alzó a más de 1.400 kilómetros, en la sede belga de la Comisión Europea, donde el Gobierno de la UE toma las decisiones que afectan de forma directa a nuestro campo.

El encuentro se preveía tranquilo: una reunión de casi dos horas para que asociaciones agrícolas y consejeros autonómicos expusieran los problemas reales del campo ante el representante del ramo del máximo órgano de gobierno de la UE. El comisario europeo retrasó hasta un vuelo para poder atender a todas las partes. Pero no, el representante de ASAJA tuvo que dejarse llevar por el altavoz que reunión de semejante nivel otorga ante los medios nacionales y pidió la dimisión del consejero, un político europeo al que le quedan tres meses en el cargo.

Resulta curiosa la valentía que ahora nace al representante de ASAJA, una organización que recibe financiación directa del Gobierno español y que fue la primera recibida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al comienzo de las protestas cuando negó la entrada a la escindida de aquella, Unión de Uniones. Y yo me pregunto, ¿pedirá hoy también José María Castilla su dimisión al ministro Planas, responsable directo de la situación de nuestro campo? ¿O quizás la de la ministra Ribera, decisora real sobre la agricultura española?

No se trata de vilipendiar al que se supone defiende nuestro campo, pero sí hay que señalar el oportunismo de algunas organizaciones y sindicatos oficiales a la hora de levantar la mano: cuando ya no queda otra, cuando exigen al Ejecutivo una reunión porque la sociedad civil o los pequeños grupos ya se han echado encima y no queda otra para no quedarse atrás.

Aquí sólo hay dos órganos decisores capaces de cambiar el rumbo a nuestra agricultura. Uno es nuestro Gobierno, capaz de hacer cambios aquí y ahora: bajar los impuestos al sector primario, eliminar el impuesto al plástico, suprimir trámites burocráticos y por supuesto, no implementar nuevos como el cuaderno digital para no generarles costes extra, o extremar la vigilancia en la entrada de productos extracomunitarios. Otra, la Comisión Europea: establecer las mismas exigencias a los productos de los países extracomunitarios que a los propios para no incurrir en competencia desleal, eliminar ciertas prohibiciones al campo (de barbecho o de la utilización de productos fitosanitarios, por citar dos ejemplos) y, por supuesto, aliviar los trámites burocráticos de las exportaciones.

O los gobiernos nacional y comunitario plantean un cambio drástico durante los próximos cuatro años o en 2028 la agricultura será residual en España y en la UE. Para ello, no hace falta llegar al periodo preelectoral, el momento es ahora. Y bien, Bruselas, ¿el campo español para cuándo?