SECTOR PRIMARIO

Los agricultores comienzan su novena jornada de protestas con un bloqueo en el Puerto de Tarragona

Luis Planas presidirá un evento al que asistirán los representantes de los agricultores

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Varios tractores cortan la carretera C-17 a la altura de Parets, en Barcelona.
Benjamín Santamaría
  • Benjamín Santamaría
  • Economista, analista, conferenciante y máster de educación. Redactor de economía en OKDIARIO y autor de "La economía a través del tiempo" en el Instituto Juan de Mariana

Los agricultores han inaugurado su novena jornada de protestas con un bloqueo compuesto por unos 60 tractores de los accesos al Puerto de Tarragona. Los participantes han pasado la noche en el lugar y prevén mantener el bloqueo hasta las 10 horas. Por su parte, los principales sindicatos agrarios se concentrarán este miércoles en Mercamadrid a partir de las 9 horas, pero sin tractores. Además, el ministro de Agricultura, Luis Planas, presidirá un evento al que asistirán los representantes de los agricultores.

Los agricultores de Tarragona, convocados en estas protestas por Unió de Pagesos y Revolta Pagesa, protestan por «la competencia desleal de los productos que no cumplen los estándares europeos» y exigen reciprocidad en las relaciones comerciales.

Este miércoles, el consejero delegado de Makro España, David Martínez Fontano, ha reconocido que las protestas de agricultores y ganaderos, que están colapsando este miércoles gran parte de las carreteras en España, es un «tema sensible», pero que de momento no está a afectando a la cadena de suministro.

«Es un tema muy sensible, lo seguimos muy de cerca continuamente con los departamentos de logística y de operaciones. Esperamos que las protestas no lleguen a afectar a la cadena de suministro, por ahora, esta siendo así y ojalá siga siendo así», ha asegurado Martínez Fontano en una rueda de prensa.

No obstante, ha advertido del impacto que puede tener en el caso de que afecte. «En el pasado cuando ha habido problemas, sea por huelgas, recuperar la cadena de suministro cuesta más de lo que parece. Por ahora no estamos sufriendo de manera considerable», ha indicado, al tiempo que ha avanzado que el grupo está «trabajando con normalidad».

Además, el sector pesquero, acuícola y de comercio especializado en alimentación español, que ya expresó su solidaridad con agricultores y ganaderos desde el inicio de sus movilizaciones, ha manifestado que mantiene este apoyo de manera «inquebrantable» y deja en manos de las asociaciones y agrupaciones que integran los distintos órganos representativos del sector, la capacidad de acometer acciones apelando a la responsabilidad y a la no vulneración de los derechos de los ciudadanos.

Protestas de agricultores en Mercamadrid

Por su parte, los sindicatos agrarios UPA, Asaja y AGIM-COAG han convocado una movilización para bloquear los accesos de Mercamadrid, pero no han logrado autorización de la Delegación del Gobierno para una marcha lenta con tractores por las autovías de acceso a la capital prevista para el día 20.

Así lo afirmó este martes en una conferencia de prensa el secretario regional de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Jesús Anchuelo, quien enfatizó que, a diferencia de la Plataforma 6F, sus movilizaciones están organizadas y han sido oficialmente comunicadas a las autoridades.

Estas movilizaciones coinciden con las realizadas en otros países de la Unión Europea y reflejan «un notable malestar general por las últimas reformas en la Política Agraria Común y otras iniciativas europeas».

«La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos asume su responsabilidad, con acciones legales y ordenadas, propuestas concretas de mejora que requieren cambios urgentes, con la mejor disposición negociadora y la seguridad de que el resultado final de las movilizaciones se traducirá en acuerdos que faciliten el trabajo y la gestión en las explotaciones agrícolas y ganaderas», subrayó.

Sus reivindicaciones principales son lograr precios justos «que hagan viable el modelo de explotación familiar», mayoritario en la Comunidad de Madrid; y que se haga cumplir, por parte de todas las instituciones, la Ley de la Cadena Alimentaria, «con inspecciones y sanciones más contundentes que sirvan realmente para proteger al sector».

Este sindicato reclama, al igual que otros, unas reglas comunes para todos los productos que se comercialicen en la Unión Europea. Por ello, piden que se aplique cláusulas espejo para acabar con el dumping ambiental y el dumping social. «Producimos con unas estrictas reglas sanitarias y ambientales y no debemos exigir menos a las importaciones», señalan. También solicita que se reduzca «drásticamente» la burocracia y se permita el registro manual de documentación en todos los trámites.

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Luis Planas, ministro de Agricultura.

El ministro Planas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidirá a partir de las 16.00 horas el pleno del Observatorio en la sede del Ministerio de Agricultura, en el que se abordará también el funcionamiento de la cadena alimentaria, que está siendo uno de las demandas de agricultores y ganaderos.

El titular de Agricultura destacó en su comparecencia hace unas semanas en el Congreso de los Diputados que en los dos años que lleva en vigor la Ley de la Cadena Alimentaria se han llevado a cabo más de 1.500 controles, con más de 650 sanciones. «Nuestra intención es consolidar estos planes de inspección, reforzar la labor de difusión y conocimiento de la aplicación de los preceptos de la propia ley», indicó, al tiempo que subrayó que la norma «se cumple y está siendo eficaz».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada en el Congreso de los Diputados que se reforzaría la ley de la cadena alimentaria, que prohíbe las ventas a pérdidas.

Según datos publicados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde enero de 2023 hasta la actualidad, se han impuesto solo 195 sanciones firmes, con multas que oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, totalizando 641.398 euros.

Entre las principales demandas de agricultores y ganaderos se encuentran precios dignos y justos para sus producciones, así como una reducción de la burocracia en la nueva Política Agrícola Común (PAC) y modificaciones en la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir prácticas desleales y asegurar que los precios cubran los costos de producción.

En este contexto, los precios de los alimentos se han multiplicado por hasta nueve al pasar del campo a la mesa durante enero pasado, en un escenario marcado por la inflación y el impacto de la sequía en las producciones, según datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) elaborado mensualmente por la organización agraria COAG.

Este observatorio tiene como objetivo lograr un equilibrio adecuado entre los diversos eslabones de la cadena alimentaria, garantizando así una competencia justa, leal y efectiva, promoviendo la transparencia y la eficiencia en el proceso de comercialización.

En este foro, programado para este miércoles, estarán representadas diversas organizaciones profesionales de agricultores presentes en las protestas y cooperativas agrarias (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de España), así como la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores en representación del sector pesquero. Por parte de la industria agroalimentaria estará presente la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB).

En representación del sector de la distribución comercial participarán la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Asociación de Empresarios Mayoristas de Frutas de Madrid (Asomafrut), la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne), la Confederación Nacional de Empresas Mayoristas de Frutas y Hortalizas de España (Coemfe) y la Federación Nacional de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados (Fedepesca).

Además, en representación de los consumidores estarán presentes la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) y la Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar (Unae).

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