Black Cube, la agencia de inteligencia privada resurge con una renovada sucursal en Madrid
La oficina de Black Cube en Madrid, lidera audaces investigaciones exponiendo la corrupción y el fraude

En el oscuro mundo de la inteligencia privada, pocas empresas han suscitado tanta atención -y controversia- como Black Cube. Fundada en 2010 por los ex agentes de inteligencia israelíes Dan Zorella y el Dr. Avi Yanus, la agencia se ha forjado una reputación por descubrir verdades ocultas, a menudo mediante métodos que traspasan los límites éticos.
Con oficinas en Londres, Tel Aviv y Madrid, Black Cube se ha convertido en una opción de referencia para clientes que buscan investigaciones discretas sobre corrupción, fraude y otros delitos de cuello blanco. Su oficina de Madrid, establecida en 2018, ha desempeñado un papel fundamental en varios casos de alto perfil, desde escándalos políticos en Islandia hasta corrupción judicial en Panamá.
La firma detrás del telón
Black Cube opera en un mercado global de inteligencia comercial valorado en 70.000 millones de dólares, prestando servicio a personas con un alto patrimonio, corporaciones y bufetes de abogados. Su equipo, compuesto por ex agentes de inteligencia israelíes, abogados, psicólogos y analistas financieros, emplea técnicas sofisticadas: operaciones encubiertas, empresas pantalla y grabaciones clandestinas.
La oficina de Madrid, centro neurálgico de las investigaciones iberoamericanas y latinoamericanas, ha reforzado su presencia patrocinando actos como la convención 2025 del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje (CEIA) (1 al 3 de junio en Madrid), lo que demuestra sus vínculos con la élite jurídica y empresarial española.
Sin embargo, el trabajo de Black Cube no está exento de escrutinio. Sus éxitos internacionales en la exposición de la corrupción y el blanqueo de capitales, se ven a menudo ensombrecidos por cuestiones éticas y acusaciones de extralimitación. Así es como la agencia ha sido noticia.
Escándalo de la caza de ballenas en Islandia
La pesca comercial de ballenas en Islandia ha sido durante mucho tiempo un pararrayos donde se enfrentan los intereses económicos con los ecologistas, quienes denuncian que esta práctica es cruel y anticuada. En 2024, grupos ecologistas contrataron a Black Cube para investigar la presunta corrupción relacionada con Hvalur hf, la única empresa ballenera del país, propiedad del multimillonario Kristján Loftsson. La investigación se centró en Jón Gunnarsson, ex ministro de Justicia y político pro-ballenero.
Los agentes de Black Cube se infiltraron. Un agente se hizo pasar por un inversor inmobiliario suizo y se reunió con el hijo de Gunnarsson, Gunnar Bergmann, en un hotel de Reikiavik. Grabaciones encubiertas captaron a Bergmann discutiendo un trato: Gunnarsson aceptaría un descenso en el partido a cambio de influir en la renovación de la licencia de Hvalur, con fuertes insinuaciones de coordinación con el primer ministro Bjarni Benediktsson. Cuando se filtraron las cintas, Islandia estalló.
Gunnarsson fue apartado de las decisiones sobre la pesca de ballenas y se iniciaron investigaciones parlamentarias, lo que reavivó el debate sobre la pesca de ballenas. Gunnarsson negó las acusaciones, calificó las grabaciones de ilegales e insistió en que carecía de autoridad para conceder licencias.
Ajuste de cuentas judicial en Panamá
Un empresario de Panamá, frustrado por dudosas sentencias judiciales, recurrió a Black Cube. Sospechando corrupción judicial, contrató a la firma y la oficina de Madrid orquestó una operación contra Janio Lescure, un abogado vinculado al escándalo de los Papeles de Panamá.
Haciéndose pasar por empresarios rusos, los agentes de Black Cube atrajeron a Lescure a un restaurante de Madrid. Durante la cena le grabaron alardeando de haber amañado el sistema judicial panameño, incluido un soborno de 500.000 dólares a un familiar del juez del Tribunal Supremo, Oydén Ortega Durán, para obtener una sentencia favorable. Lescure describió el sistema como una «mafia», detallando millones en sobornos en paraísos fiscales.
Las pruebas, presentadas ante el tribunal, condujeron a la destitución de Ortega y sacaron a la luz una red de corrupción, apodada «la fórmula de Lescure» por los medios locales. El sistema legal panameño se enfrentó a demandas de reforma, lo que demuestra el impacto de Black Cube, y su sede en Madrid como plataforma de lanzamiento de investigaciones latinoamericanas.
El Ministerio belga atacado
Durante 2024, Black Cube desempeñó un papel crucial en el llamado caso Medista de Bélgica y la UE. Medista, empresa de logística médica, los contrató para investigar la rescisión unilateral de su contrato por parte del Ministerio de Sanidad belga durante la pandemia de Covid-19. Mediante operaciones encubiertas, que incluyeron grabaciones secretas, se obtuvieron pruebas de la colusión entre un alto funcionario del ministerio y Movianto, competidor de Medista, para conseguir contratos por valor de 50 millones de euros. La publicación de las grabaciones encubiertas provocó la indignación pública, dio lugar a una investigación oficial y confirmó el conflicto de intereses del funcionario. El asunto sigue abierto en el parlamento belga.
El papel de España y más allá
España es más que una nota a pie de página en la historia de Black Cube. La oficina de Madrid lideró múltiples investigaciones, aprovechando el mercado litigante español como punto focal. La agencia también ha investigado a empresas españolas, como SEMI, descubriendo irregularidades en licitaciones en Israel. Estos casos subrayan la creciente presencia de Black Cube en España y su vínculo con Latinoamérica.
A nivel mundial, el trabajo de Black Cube tiene una doble vertiente. En Islandia, impulsó debates sobre medio ambiente y gobernanza; en Panamá, alimentó la reforma judicial. A medida que Black Cube se expande desde Madrid y más allá, su mezcla de revelación y controversia la mantiene en el punto de mira, para bien o para mal.