El BCE pide al Gobierno de Sánchez que corte el gasto público, baje deuda y sólo dé ayudas temporales

El Banco Central Europeo insta a los gobiernos a aplicar políticas presupuestarias que muestren su compromiso con una reducción gradual de los niveles de deuda pública. Esta es una de las principales exigencias recogidas por la institución con sede en Fráncfort en su informe anual y está especialmente dirigida a los países como España.

El Gobierno del presidente Sánchez ha programado para 2023 una intensa expansión del gasto público, en la mayoría de los casos con carácter estructural, que va en contra de la estrategia que preconiza igualmente el Banco de España que dirige Pablo Hernández de Cos.

El gobernador ha solicitado repetidas veces al Ejecutivo que presente un plan de consolidación fiscal a medio plazo que sea creíble tanto para la institución monetaria como para los inversores, que van a tener que financiar crecientemente la deuda pública española ante la progresiva disminución de las compras a cargo del banco central.

De acuerdo con el informe del BCE y a fin de limitar el riesgo de alimentar la inflación, «las medidas de apoyo fiscal para proteger la economía del impacto de los elevados precios de la energía deberían ser temporales y enfocarse a los colectivos más vulnerables».  Pero, en sentido contrario, Sánchez ha decidido elevar las pensiones un 8,5% en 2023, un gasto que pasará a convertirse en estructural y que penalizará las cuentas públicas durante los próximos años.

El banco emisor propone igualmente que las autoridades proporcionen  incentivos para reducir el consumo energético -cuando, por ejemplo, la bonificación por la compra de gasolina y combustible diésel juega en sentido contrario,  y que impulse el suministro de energía -una cuestión que también choca con la negativa del Gobierno español a alargar la vida de las centrales nucleares, una estrategia opuesta a la de la mayoría de los países de la UE, sobre todo después de que la Comisión, en su nueva taxonomía, declarase esta clase de energía «verde»-. Adicionalmente, la bonificación indiscriminada -para todos los ciudadanos- en la compra de combustible se aparta de la recomendación de Fráncfort de que las ayudas sean selectivas -para la gente en situación más precaria-.

En el informe anual también se aconseja el diseño de políticas estructurales para aumentar el potencial de crecimiento de la zona euro e impulsar su resiliencia, lo que ayudaría a reducir las presiones inflacionistas a medio plazo. En España, también en dirección opuesta, la vicepresidente Yolanda Díaz presiona para volver a aumentar el salario mínimo interprofesional, a pesar de sus efectos negativos sobre el empleo, y está en vigor una reforma laboral que está ocasionando, progresivamente, efectos desaceleradores sobre la creación futura de puestos de trabajo.

A juicio del BCE, la rápida aplicación de los planes de inversión y de reformas estructurales en el marco del programa Next Generation de la UE debería contribuir notablemente a estos objetivos, pero el Gobierno de España está teniendo enormes problemas para adjudicar estos fondos, según ha advertido repetidamente la Comisión Europea, con un grado de ejecución que no llega al 30%, muy por debajo de la media.

El informe recuerda que el Consejo de Gobierno del BCE decidió en octubre subir los tres tipos de interés oficiales en 75 puntos básicos y «prevé seguir incrementándolos para asegurar un retorno oportuno de la inflación a su objetivo a medio plazo». También recuerda que «el banco está preparado para ajustar todos sus instrumentos en el ámbito de su mandato para asegurar que la inflación vuelva a situarse en su objetivo en el medio plazo», que se sitúa en el entorno del 2%.