Sánchez asesta el golpe definitivo al diésel: una industria en crisis con 40.000 empleos en España

El impuesto al diésel que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el colofón a una crisis que sufre la industria del automóvil desde hace cinco años. Las ventas de coches diésel acumulan ya un lustro de caída por el señalamiento que vienen recibiendo a cuenta del debate sobre las emisiones de contaminación de dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx).

El ‘Dieselgate’ en Alemania ha supuesto una pesadilla para una industria en la que han confiado profesionales del sector del transporte y familias. En España, el impuestazo al diésel anunciado por el Ejecutivo socialista en sus primeros 100 días de Gobierno ha sido un nuevo hachazo que mantiene en vilo a los más de 40.000 trabajadores de las plantas de producción de vehículos diésel asentadas en territorio Español.

Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las ventas de coches diésel se han situado a niveles de 1998 tras caer el pasado año un 14,9 %, mientras que las de gasolina se han incrementado un 15,2%.

Esa caída se ha reforzado en los últimos meses, ya que en lo que va de año, este combustible ha perdido otro 6% de cuota de mercado en España, de acuerdo con la patronal de fabricantes Anfac.

En este panorama, Sánchez planea aprobar en el marco Presupuestos Generales del Estado para 2019 un nuevo impuesto que podría suponer un alza del gasóleo de automoción de 10 céntimos por litro, hasta equipararse con la gasolina. 

Sin hoja de ruta

La agresividad con la que el Gobierno atacó al diésel nada más aterrizar Sánchez en La Moncloa hizo que la industria del automóvil llegara a pedir a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, un tono más moderado, después de que ésta afirmara que «el diésel tiene los días contados».

El sector, que considera muy negativa la subida de impuestos, ha pedido al Ejecutivo un enfoque más amplio en este debate, que incluya una hoja de ruta para la transición ecológica en la que esté presente la renovación del parque automovilístico.

Una moderación que permitiría proteger los intereses de una industria con empleo en España y de las familias que han invertido en diésel y ahora se ven penalizadas por la caída de las ventas en el mercado de segunda mano.

Anfac ya ha advertido que está en juego la consolidación de las fábricas implantadas en España, que ensamblan más de 1,4 millones de vehículos diésel -representan el 40 % de la producción total, según los expertos- y dos millones de motores al año.

Además, lamentan la falta de rigor del debate. Los fabricantes aseguran que los vehículos diésel nuevos «emiten hasta un 84 % menos de NOx y un 90 % menos de partículas que los automóviles de más de 15 años de antigüedad».