Ceuta culpa a Marlaska por impedir el partido de España: «Si no garantizan la seguridad, no se puede hacer otra cosa»

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta deja claro que el culpable de que España no pueda jugar allí es el Ministerio del Interior (por tanto, el Gobierno de Sánchez) y no la Federación, a la que intentó culpar el ministro Marlaska. «Si el informe dice que no se garantiza la seguridad, no se puede hacer otra cosa», ha dicho Alejandro Ramírez, portavoz del Ejecutivo que lidera Juan Vivas.

España iba a jugar ante México un partido sub-20 en Ceuta el próximo 30 de septiembre. La Federación organizó este encuentro como forma de apoyo a los ceutíes, pero tuvo que cancelarlo y buscar otra ciudad, ya que el Ministerio del Interior lo exigió al no poder asegurar la seguridad y el dispositivo policial.

Sin embargo, Marlaska, este lunes en Ceuta, culpó a la RFEF de ser la responsable de que el encuentro no se jugara allí, alegando que ese informe policial no decía «que no se celebrase allí». El Gobierno de Ceuta tiene claro que este ha sido una decisión del Ejecutivo de la Nación.

«Lo que sí está claro es que la Policía Nacional depende del Ministerio del Interior y entiendo que si dicen que no hay seguridad, no se organice el partido», ha explicado Ramírez, portavoz del Gobierno de Ceuta.

Marlaska exigió a la Federación cancelar ese partido de España en Ceuta por la «presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo» y porque no se asegura la seguridad del partido: en Ceuta existe un «clima de tensión en la vía pública, especialmente, en el entorno donde se encuentra ubicado el estadio», que no tiene, dicen, recursos «para atender un dispositivo extraordinario con motivo del partido».

La Federación respondió al ministro diciendo que «nunca se organizará ningún partido si hay un informe policial que lo desaconseje», poniendo de manifiesto que es el Ministerio del Interior el que abocó a la cancelación de este partido en Ceuta, una decisión que ahonda más en la asfixia a la que tiene sometido el Gobierno de Sánchez a la ciudad española del norte de África.