El juez lleva más de un año esperando el informe de la Generalitat del caso del hermano de Ximo Puig

El titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Valencia que investiga el presunto fraude en la obtención de subvenciones obtenidas de la Generalitat Valenciana, la de Cataluña y el Gobierno de Aragón por parte de empresas relacionadas con Francis Puig, el hermano de Ximo Puig, lleva más de un año esperando el informe solicitado en marzo del pasado a Intervención de la Generalitat Valenciana, sin que le haya sido remitido. En concreto, la petición del juez es de fecha 31 de marzo de 2022. 

El citado informe y el de la Generalitat de Cataluña, que también espera el juez, son trascendentes para conocer la presunta existencia de facturas duplicadas en ambas administraciones, lo que a su vez puede permitir conocer el montante total de las cantidades supuestamente defraudadas.

Y es importante, también, porque según dijo en su día la consejera de Justicia del Gobierno valenciano Gabriela Bravo ante las Cortes Valencianas, la Generalitat no había personado a la Abogacía y no lo haría hasta saber el montante total de las cantidades supuestamente defraudadas. Sin embargo, ya sea por su complejidad o por otro motivo, el informe sigue sin llegar a poder del juez. Y esta situación está creando ya problemas que afectan al propio procedimiento.

De hecho, y como ha publicado OKDIARIO, este martes se ha conocido que pese a estimar los recursos interpuestos por Francis Puig, Juan Enrique Adell Bover y el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo Rubén Trenzano, la instrucción se dará por concluida «una vez finalice la práctica de las diligencias de investigación acordadas dentro del plazo de instrucción», según reza en el citado auto al que ha tenido acceso OKDIARIO. Es decir, cuando lleguen al juez los informes de la Generalitat Valenciana y de la de Cataluña.

El origen de esta espera se remonta a marzo de 2022. Fue entonces cuando el juez reclamó tanto a la Generalitat Valenciana como a la de Cataluña sendos informes acerca de las subvenciones que habían concedido a empresas relacionadas con Francis Puig. Lo que se investigaba e investiga es la presunta duplicidad de esas subvenciones. Es decir, si se enviaron a ambas administraciones las mismas facturas.

En octubre de 2022, Intervención de la Generalitat Valenciana remitió a su vez otro informe al juez para trasladarle cuál era el procedimiento que iba a llevar a cabo para elaborar el citado informe. 

La demora en ese informe ha sido una de las causas por las que el juez ha ido realizando sucesivas prórrogas en la investigación, hasta que en la última ocasión, lo que entonces se consideró como el presunto error de un funcionario puso punto final a esas prórrogas. Es decir, se daba por concluida la fase de investigación. Y ello suponía que con los papeles y documentación que el juez y Fiscalía contaban se debía pasar a la siguiente fase del procedimiento, que desembocaría en si se archivaba o daba lugar a la apertura de un procedimiento posterior a las diligencias previas.

No obstante, el magistrado, una vez recibidas las alegaciones tanto del PP, que ejerce la acusación particular, como de la Fiscalía, decidió volver prorrogar otra vez el periodo de instrucción. Francis Puig y los otros imputados interpusieron entonces recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia. Y la decisión de la sala es la que se ha conocido este martes: no se podrán pedir más diligencias, pero hay que esperar a que tanto la Generalitat Valenciana como la de Cataluña le hagan llegar sus correspondientes informes.

Generalitat de Cataluña

El pasado marzo, la Generalitat de Cataluña decidió dar de baja el plan de controles financieros a las empresas relacionadas con el hermano de Ximo Puig a raíz de una supuesta conversación telefónica mantenida con ese mismo juzgado, lo que el juez rechazó a través de una providencia, a la que también ha tenido acceso OKDIARIO, en que dejaba claro que «este juzgado no ha manifestado ninguna resolución indicando que ya no fuera necesario el informe requerido».